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En la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ayer, se definió el orden del día de la sesión ordinaria de mañana, a las 09:00. Volvieron a incluir dos proyectos de ley potencialmente favorables a políticos corruptos y criminales, que no fueron tratados la semana pasada.
El veto total del Poder Ejecutivo a la propuesta legislativa que modifica los artículos del Código Penal relacionados a estafa y lesión de confianza fue puesto como punto 13, y seguido a él (14º), el veto al proyecto que plantea modificaciones al Código Procesal Penal a la figura del procedimiento abreviado.
Ambas iniciativas fueron rechazadas por el presidente de la República Mario Abdo Benítez, al considerar que terminarán favoreciendo a administradores públicos corruptos, e incluso a criminales comunes por conductas antijurídicas que van desde delitos de guantes bancos, abuso de menores y hasta asesinato.
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Lo que dice el proyecto que beneficiaría a corruptos
El proyecto, que plantea modificar los artículos relacionados a delitos de estafa y lesión de confianza, pretendía inicialmente elevar las penas, pero fue desvirtuado en el Senado y no solo mantuvo las penas actuales, sino que volvió casi imposible que la Fiscalía llegue a acusar a corruptos que hayan defraudado las arcas públicas.
La propuesta agrega, como elemento para evaluar las penas, que para que se constituya un hecho grave y llegar a ocho años de prisión por estafa y 10 por lesión de confianza, el Ministerio Público no solo deberá demostrar el robo, sino también que el procesado “haya obrado con el objetivo de perjudicar el patrimonio del Estado”.
También se tiene que demostrar que la mala utilización de fondos públicos se haya realizado “con intención de obtener un beneficio patrimonial indebido para sí o para un tercero o para causar daño”, siendo estos elementos subjetivos casi imposibles de probar en un juicio.
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Este proyecto aún puede ser sancionado si ambas cámaras se ratifican y levantan el veto del Ejecutivo. El caso del veto al proyecto que plantea reformas para acceder al beneficio del procedimiento abreviado era aún más riesgoso, ya que habilitaba a que investigados por casos de corrupción, abusos y asesinato con expectativa de pena de hasta 12 años, puedan “negociar” con el juzgado y la Fiscalía penas irrisorias a cambio de admitir la culpa.
Intervenciones a Puerto Casa y Ñemby, en 15 días
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), indicó ayer que acordaron en mesa directiva tratar en 15 días los pedidos de intervención pendientes de Puerto Casado y Ñemby, atendiendo que aún no se han instalado las comisiones permanentes, entre ellas, la de Asuntos Municipales.
En realidad esto no debería afectar, ya que los pedidos de intervención son evaluados por comisiones especiales integradas para ello.