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La nota presentada ante el Ministerio del Interior, firmada por la presidenta de la Junta Municipal Rosa Ramos (ANR-cartista) y el secretario de la Junta Municipal, Francisco Yamil Abdala, señala que acompaña todas las documentaciones que respaldan la decisión que asumió la mayoría de los concejales.
Esta consiste en solicitar la intervención de la intendencia municipa por mal desempeño en sus funciones o graves indicios de delitos que pudo haber cometido el intendente en su gestión desde el año 2022 a mayo 2023.
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Los ediles consideran que dentro del estado de derecho, la observancia del derecho público representa la esencia de la República. Esto, dicen, se sintetiza en que el imperio de la ley debe regular la conducta tanto de los gobernantes como de los gobernados. Por lo experto, dicen en el documento, urge la intervención de la Municipalidad local, que se encuentra bajo la gestión del intendente colorado Luciano Cañete.
Después de hacer un análisis exhaustivo de la situación económica, financiera, patrimonial y de recursos humanos de la Municipalidad de Carapeguá, los concejales aseguran que encontraron que la intervención es la única vía para restablecer el orden institucional y de la intendencia local.
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Intendente hacía “caso omiso”, dicen
Aseguran que tomaron la decisión de solicitar la intervención, porque el intendente hacía caso omiso a los reiterados pedidos de informes solicitados por el cuerpo legislativo sobre rendición de cuentas. Los ediles quieren saber en qué etapa en que se encuentra el llamado para almuerzo escolar, y además consideran que hay un desprolijo uso de los recursos municipales.
Los proponentes de la intervención son los colorados: Rosa Ramos, Ederson Centurión, Silvino Silva y Pedro Espínola; los liberales Margarita Miró, Rubén Galeano e Ignacio Ojeda y Ramón Vega(PJ), quienes aprobaron la intervención. Mientras que los leales al intendente abandonaron la sesión de la Junta Municipal, entre ellos los ediles colorados Alba Montiel, Francisco Román, Carlos Ojeda y David Aranda.
Observaciones a la gestión del intendente
Los concejales cuestionan que no se realizaron en el tiempo establecido las transferencias al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación, por la suma de G. 141.780.812, así como tampoco a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, por la suma de G. 21.860.000.
Hablan también de la retención de dietas de concejales municipales del año 2021, periodo anterior, que figura en la ampliación del presupuesto del año 2022, a los señores concejales Ángel Enrique González, Carlos Buenaventura Amarilla, Diosnel Aníbal Benítez y Margarita Miró de García, a quienes se adeuda más de G.200 millones.
A esto se suma que los llamados y adjudicaciones por la vía de la excepción, se realizaron sin cumplir con los criterios establecidos, de que debe ser urgente e impostergable. En ese sentido, encontraron pago por supuesto servicio de consultoría ambiental G.175.352.018. Además, otro servicio de consultoría ambiental, manejo sustentable de áreas silvestres protegidas del Cerro Bogarín, por G. 71.600.000, pagado con cheque N° 7443298 a Jorge Ariel Vera.
La construcción de canaleta de agua en la Compañía Cerro Pinto, que se realizó por G. 49.920.000, adjudicada a la empresa Visa Construcciones Generales de Víctor Rolando Del Puerto. La obra se realizó con maquinarias y operario de la Municipalidad, por lo que amerita investigación. Estas son algunas de las varias irregularidades cometidas por la gestión del intendente, según denuncian los ediles.