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El caso tiene que ver con una investigación en contra de Teodoro Valinotti, Jacob Enns Fehr y Johan Eep Enns, por transgresión a la ley 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente.
Según la acusación fiscal, estas tres personas serían los responsables del desmonte de al menos 124 hectáreas de bosque nativo en la colonia San Ramón, distrito de Liberación, del departamento de San Pedro.
Según los datos, el 29 de noviembre de 2021, el fiscal Carlos Ariel Cabrera, intervino un inmueble, de unas 300 hectáreas, ubicado en dicha zona y que pertenece al señor Teodoro Valinotti González. Dentro del terreno, el fiscal Cabrera encontró maquinarias operando, desmontando centenares de árboles nativos.
Deforestación cero
Desde 2004, en toda la región Oriental de Paraguay está en vigencia la ley 6252, más conocida como “De deforestación Cero”, que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques.
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La normativa prohíbe todo tipo de desmonte para actividad ganadera, agropecuaria en general y asentamientos humanos. Esta misma ley define que son bosques las superficies con más de dos hectáreas.
Quienes estaban como encargados de estas limpiezas fueron Jacob Enns Fehr y Johan Eep Enns, dos jóvenes menonitas de nacionalidad paraguaya, según los registros de la fiscalía.
Ninguna documentación
Ambos no tenían las habilitaciones necesarias otorgadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para trabajar en procesos que puedan ser considerados como “cambio de uso de suelo.”
El procedimiento fiscal se hizo también con acompañamiento de agentes del Instituto Forestal Nacional (INFONA), cuyo técnico, Lino Jara, documentó que en principio, se constató la deforestación en el lugar de unas 70 hectáreas de bosques. Situación que posteriormente, se tendría que confirmar con datos más precisos y profesional. Según el INFONA, el predio forma parte de una estancia llamada “Martín Fierro.”
Trasladado
Curiosamente, el fiscal Cabrera fue trasladado apenas dos días después de este operativo. En ese entonces, la Fiscalía General estaba a cargo de Sandra Quiñónez.
El caso pasó a manos del fiscal José Godoy Blanco, que no es especializado en temas ambientales, pero siguió con la investigación.
El 4 de febrero de 2022, Godoy Blanco hizo otra intervención en el inmueble. Según el reporte fiscal que obra, en la oportunidad se encontraron con grandes troncos apilados y quemados y con el terreno totalmente “limpio.”
En ambas intervenciones, según lo que expresan los documentos fiscales, el propietario Valinotti no tenía los permisos correspondientes para hacer este tipo de trabajos.
Tercera oportunidad
La convocatoria de la fecha es la tercera que se hace en este caso. La primera fue en noviembre de 2022 y la segunda en junio de 2023.
En esta última ocasión, el juicio se suspendió a pedido de la defensa jurídica de los imputados.
El juicio de hoy está previsto realizarse a las 11:30 en el Poder Judicial de San Pedro de Ycuamandiyú.
Zona castigada por los desmontes
Según datos del propio Instituto Forestal Nacional (INFONA), San Pedro es el departamento que registra la mayor ocurrencia de cambio de uso de suelo entre 2017 y 2021, llegando a 21.773 hectáreas, una superficie que casi llegar a doblar a toda Asunción.
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Esta cifra tiene que ver con las 89.890 hectáreas destruidas en toda la Región Oriental en el mismo periodo. Es decir, San Pedro acumula el 24,3% de todo lo deforestado en apenas cinco años.
Luego de San Pedro, el segundo departamento más afectado por la deforestación es Canindeyú, con 17.625 hectáreas, según el informe técnico presentado en septiembre de 2022.
Impunidad en la gestión de Quiñónez
Un informe de la Dirección Ambiental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indica que, de 167 causas investigadas por delitos ambientales durante la gestión de Sandra Quiñónez, en apenas un caso se logró “reparar el daño ocasionado”. No hay registros de imputados por deforestación que hayan terminado en la cárcel.
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Este informe revela que en el departamento de San Pedro se registraron 183 causas abiertas por delitos ambientales entre 2018 y 2020. Sin embargo, casi ningún caso tiene que ver con deforestación o desmonte propiamente.
San Pedro, a la vez, es una de las regiones más afectadas por la deforestación a gran escala.
El Ministerio Público abrió 8.316 causas para investigar delitos ambientales entre 2015 y julio de 2022, según datos de la Fiscalía. De esta cantidad, ha logrado la imputación de 774 personas.