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Como décimo punto del orden del día de la sesión prevista para este miércoles, a las 8:30, figura el proyecto de ley “que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, iniciativa presentada diputados Pedro Alliana y Basilio “Bachi” Núñez (ambos ANR, HC), y que plantea la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
En la exposición de motivos, los proyectistas plantean las unificación de ambos estamentos recaudadores, alegando que la actuación separada de ambas instituciones en cuanto a la lucha contra la informalidad “no tuvo el éxito esperado justamente por la carencia de una dirección unificada”.
Se plantea que la eventual creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios esté bajo la línea de mando del Ministerio de Hacienda, y que está encargada tanto de la recaudación tributaria como de la aplicación de la legislación aduanera.
Llamativa celeridad
Resulta llamativo que se haya incluido en el orden del día este proyecto que fue ingresado apenas ayer en Cámara Baja, y presurosamente se agregó para su eventual tratamiento este miércoles.
Hay que destacar, que por su reciente presentación evidentemente no tiene dictamen de ninguna comisión, por lo que si llega a tratarse en la sesión, se deberá solicitar su postergación o que el pleno se constituya en comisión, todos esto en la última sesión de esta legislatura, ya que el 30 de junio asume el nuevo Congreso.
Plantean seguir aumentando ministerios
En el punto 16, también figura el proyecto “que crea el Ministerio de Energía y Minas”, que actualmente tiene categoría de viceministerio a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Si bien en nuestro país el sector energético sobre todo renovable es uno de los más importantes, al tener grandes hidroeléctricas, la creación de un nuevo ministerio es siempre controversial, ya que una vez más permitiría el agrandamiento de la estructura burocrática estatal, permitiendo crear más cargos y gastos.
Trazabilidad de ganado, como 8º punto
Finalmente, otros proyecto de interés para el Servicio Nacional De Calidad Y Salud Animal (Senacsa) y el sector productivo ganadero, que es el que plantea crear el “Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP)”, volvió a ser incluido en el 8º punto.
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Esta iniciativa que plantea principal implementar la trazabilidad de ganado (registros de nacimiento, crianza, traslado y faena), algo que es exigido en la mayoría de los mercados internacionales más exigentes, había empezado a discutirse en la sesión del miércoles pasado, pero se postergó a pedido del diputado y senador electo, Colym Soroka (ANR, Bancada Bernardino Caballero).
El mismo había alegado desconocer el alcance de algunos de los artículos de este proyecto de ley, algo que le reclamó la diputada y senadora electa Celeste Amarilla (PLRA), puesto que al menos en la Comisión Asuntos Económicos y Financieros había estudiado detenidamente la iniciativa y recomendaron su aprobación, sumado al hecho de que es una iniciativa de la propia Senacsa.
“Roaming nacional” fue quitado
En el borrador de orden del día propuesto a la Mesa Directiva de Diputados figuraba en el punto 20 el proyecto de ley sobre “roaming nacional”, que se menciona busca “salvar” a la telefónica estatal Vox, sin embargo, fue quitado del orden del día oficial, por lo que ya no sería tratado por este Congreso.
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El proyecto de ley “que amplia y modifica los artículos de la Ley Nº 642/95 de Telecomunicaciones en su Título VIII - Condiciones de Operación”, que plantea un cuestionado sistema de“Roaming nacional”, fue finalmente excluido del orden del día del miércoles, y solamente podría ser agregado mediante un pedido “sobre tablas”.
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La iniciativa generó el rechazo del gremio de empresas telefónicas, ya que sostienen que es un intento de salvataje a la telefónica estatal Hola Paraguay (Vox), que precisamente por su mala gestión, es la que más atrasada está en cuanto a infraestructura a nivel nacional.
El proyecto de ley pretende habilitar que las telefónicas puedan utilizar las antenas de otras empresas a cambio de un pago, que a priori sería mucho menor a lo invertido y podría atentar contra la libre competencia.