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El “Comité de Desprecarización Laboral” del Ministerio de la Mujer remitió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un pedido de nombramiento permanente para 46 personas que figuran como contratadas.
Según los datos que pudimos corroborar, de las casi 50 personas que están en la nómina, el 30% son psicólogos, otros cumplen funciones administrativas y muchos de ellos son abogados con salarios que alcanzan los G. 15 millones. De acuerdo con el portal Paraguay Concursa, el proceso interno de selección se hizo entre diciembre y mayo.
Para tener más detalles sobre ese concurso hablamos con la responsable de la institución, la ministra de la Mujer Celina Lezcano, quien dijo que ella no es la responsable de esos pedidos de designaciones permanent“Esta solicitud está en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en estos momentos y está a cargo del Comité de Desprecarización, ellos son los que manejan, no la ministra. No te puedo decir ahora cómo está la situación porque yo no manejo, son 5 representantes títulares”, dijo la ministra Lezcano, quien se comprometió en pasarnos el contacto de algún responsable del Comité para ampliar la nota, pero no cumplió.
Buscamos también a María Efigenia Lezcano, quien firma los documentos de solicitud de nombramientos, pero desde el departamento de Comunicación del Ministerio de la Mujer señalaron que la misma ya no es funcionaria de la institución.
Según el documento de Paraguay Concursa, el inicio del proceso fue asentado en acta N° 6/2022 del 7 de diciembre último y habla de la publicación de la convocatoria para el concurso de oposición de desprecarización laboral para personal contratado del Ministerio de la Mujer, para los cargos establecidos en la planilla de certificación de antigüedad e identificación de cargos en los objetos de gastos 144 jornales y 145 honorarios profesionales.
En la lista que presentaron de esa cartera de Estado, aparecen también funcionarios de diferentes puntos del país y docentes que buscan el doble nombramiento.
En la nómina aparecen funcionarios contratados que cumplen con los requerimientos, entre ellos la formación académica y los 4 años transcurridos como funcionarios contratados de forma ininterrumpida, mientras que otros deberán ser revisados porque están al límite. Entre los firmantes del documento que se presentó ante la SFP, aparecen Diana Carolina Franco, Olga Sánchez, Natalia Benítez y Mirtha Gómez.
Desvío de fondos
Recordemos que el 30 de marzo último, una comitiva fiscal allanó las oficinas del Ministerio de la Mujer por el presunto desvío de fondos. El caso hace referencia a unos G. 3.000 millones que figuran como desembolsados a mujeres campesinas, pero que nunca llegaron a destino, entre el 2018 y 2019, bajo la administración de Nilda Romero.
La presunta irregularidad, que sigue bajo investigación, fue detectada tras una auditoría llevada a cabo por la actual administración del Ministerio de la Mujer, la cual realizó la denuncia ante el Ministerio Público.
El presupuesto del ente
En lo que respecta al presupuesto que maneja el Ministerio de la Mujer tenemos que señalar que su presupuesto inicial era de G. 18.774.546.212, recibió una ampliación de presupuesto de G. 234.188.352, por lo que el que está vigente es de G. 19.000 millones en total, según el balance del organismo público hasta mayo. Existe una obligación de pago de más de G. 6.000 millones, señalan.
Van a someter a un proceso de filtro
Según lo que explicó la directora general de Concursos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Nathalie Delorme, los planteamientos que se hacen en lo que respecta al nombramiento de funcionarios en instituciones públicas y lo que tiene que ver puntualmente con la desprecarización, deben pasar por un filtro.
“Estos procesos deben contar con la aprobación del Equipo Económico Nacional. Es importante entender que en este caso, por ejemplo, son casi 50 los que forman parte de esta lista que remiten desde el Ministerio de la Mujer, pero esto pasa por un proceso de filtro que se analiza de acuerdo con la disponibilidad del presupuesto de la institución”, argumentó la directora de la SFP.
Añadió que se debe tener en cuenta, por ejemplo, la formación académica, la antigüedad, la evaluación, el desempeño y el proceso interno de evaluación. En lo que concierne a este concurso, los exámenes y procesos corrieron a cargo del Ministerio de la Mujer, que realizó una elección interna.
“Estos no son nuevos contratos, son funcionarios contratados que pasan a tener un rubro permanente como funcionario público. Es responsabilidad de cada institución; en la evaluación no tenemos participación, sí en el análisis”, expresó.
Subrayó que desde la Secretaría de la Función Pública también revisan los perfiles. En este caso no hay un plazo, pero tienen 120 días para estudiar este pedido del Ministerio de la Mujer.
Desprecarización laboral
El artículo 51 de la Ley N° 5554 autoriza la implementación “gradual” de una Política de Desprecarización Laboral del personal contratado que realiza funciones en relación de dependencia en la función pública.
“La política de desprecarización se realizará en base al procedimiento que será establecido en la reglamentación de la presente ley y exclusivamente para aquellas personas contratadas que cuenten como mínimo con cuatro años ininterrumpidos de servicio en relación de dependencia con el mismo Organismo o Entidad del Estado”, reza el artículo.
Resalta también que los procesos de desprecarización se llevarán adelante bajo la modalidad de concurso interno institucional respetando todas las etapas de evaluación previstas en el Decreto Nº 3857/2015, debiendo la SFP reglamentar dentro de los 30 primeros días del año las adecuaciones necesarias y los parámetros para aplicar desprecarización a los contratados ininterrumpidos con por lo menos 4 años de vinculación.