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La familia Cowan Canessa denuncia un intento de despojo de un inmueble de 4 hectáreas en la zona de Mora Cué, Luque que incluso ya fue loteado en algunas partes. Este predio está valuado en US$ 3 millones y los denunciantes temen perderlo, porque no hay avances en materia judicial, pese a varias denuncias por invasión de inmueble.
A raíz de la acusación que realizó la familia Cowan, se observa que el inmueble tiene dos registros. Uno que tiene que ver con la cuenta corriente catastral y el otro que corresponde al padrón.
“Para inscribir y darle una cuenta catastral a la municipalidad por un terreno fiscal, debe existir una mensura judicial, eso ellos no hicieron, lo cual es fundamental para determinar que estamos ante un excedente fiscal”, argumentó Liz Cowan (que es funcionaria de la Fiscalía), una de las hermanas afectadas.
La denunciante agregó que a la hora de quitar la cuenta catastral, ante la Secretaría Nacional de Catastro, es decir, actualizar las documentaciones de su familia, no pudo hacerlo “porque ya contaba con una cuenta catastral”, que afirma que es falsa.
Siempre de acuerdo con el argumento de la denunciante, la familia es víctima de un esquema que está por dejarle sin el inmueble valuado en US$ 3 millones.
De acuerdo con las afectadas, hay 5 denuncias ante el Ministerio Público pero hasta el momento no se resolvió ninguna y quedaron archivadas.
La familia Cowan acusa incluso al hermano del presidente electo, Manuel Peña Palacios que sería uno de los beneficiados con los parcelamientos y le incluyeron en un ampliación de denuncia que realizaron.
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Otro de los acusados por los denunciantes de ocupar y parcelar parte del inmueble, es Diego Aranda, quien en su momento fue director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Luque.
Intendente de Luque pedirá informes
El caso ya está en conocimiento del intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR-HC), quien adelantó que va pedir informes sobre este caso a las direcciones pertinentes.
A su vez, la fiscala Lorena Galeano, quien lleva adelante la causa, subrayó que hoy va a dar un informe más detallado con respecto a las denuncias que se presentaron y que ella tiene a su cargo.
“Ella (Liz Cowan) hizo una denuncia el año pasado, el último día de mi turno. También hizo otra ante la comisaría jurisdiccional y de ahí hizo otra más en mesa de entrada, que pasó a mi cargo. Nos constituimos en el inmueble y en ese entonces no había nada”, relató la fiscal Lorena Galeano.
Explicó además que en caso de tener nuevos elementos para hablar de una eventual invasión, la familia afectada deberá presentar una nueva denuncia sobre este caso.
Una simple solicitud
La abogada Sonia Lucía Rojas González, quien es pareja de Diego Aranda, uno de los acusados por la familia Cowan de una supuesta invasión, se puso en contacto con nuestra redacción para hablar con relación a las acusaciones que realiza la fiscal Liz Cowan y que le involucra a ella, además de su pareja.
“El pedido de informe de Catastro Nacional es de origen público, cualquier persona puede acceder dentro del trámite del pedido del terreno fiscal y lo que hicimos fue una simple solicitud, que no corrió porque otros fueron beneficiados”, expresó la abogada, quien no descartó una demanda contra la fiscal Liz Cowan, porque según dijo estas denuncias que está realizando daño su imagen.
Descartó un posible enjuiciamiento en su momento contra la fiscal, cuando se desempeñaba como funcionaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Pidió a la fiscal Cowan que haga las gestiones por los medios civiles si tiene el título de la propiedad “porque hasta hoy figura como municipal”.
Resaltó también que su pareja dejó de irse al inmueble de Mora Cue desde el momento en que entró en contacto con la familia que sería propietaria del inmueble.
“Desde el año pasado dejó de irse porque el inmueble ya fue asignado a otra persona. Él solicitó el terreno en el 2020 e hizo muchas inversiones incluso, porque el predio estaba descuidado”, argumentó.
Informó que ella era funcionaria de la Municipalidad de Luque, pero salió de esta institución e incluso fue en una demanda con la comuna por despido injustificado. Además, fue funcionaría del JEM y actualmente está como juez instructor del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).