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En sesión ordinaria de ayer, tras un intenso y extenso debate, la Cámara de Diputados sancionó y remitió a Ejecutivo ayer su versión del proyecto de ley “que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles”, que afectará solo al diésel tipo III (común).
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Sin embargo, igual de relevante fue que este proyecto obligó a aplicar por primera vez la ley “contra conflictos de intereses en la Función Pública”, aunque solo la diputada Jazmín Narváez (ANR, HC), cuya familia opera en el rubro de gasolineras, se inhibió de votar el proyecto sobre el cobro de combustibles.
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“(Me aparto) para mi tranquilidad, paz mental y porque acompañé entusiastamente esta ley (contra conflicto de intereses), porque de verdad creo que tenemos algún (interés)... ya sea voluntario, accidental, involuntario, lo que sea, tenemos que abstenernos”, indicó Narváez, quien pidió a los solicitantes que “apliquen con el mismos rigor la ley cuando se trate de sus familiares”.
Fue la única que se excusó. Otros legisladores dueños de gasolineras optaron por le silencio. El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA) dijo que no podía obligar a otros colegas a tomar la misma determinación.
Quién sí tomó la palabra pero para plantean un argumento ridículo fue el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC).
“Quería leerles brevemente la ley de la Función Pública, que está encima por ser una ley especial: aún cuando cumplan una función pública, se exceptúan del artículo anterior -o sea que no somos funcionarios públicos-; el presidente de la República, el vicepresidente, parlamentarios, gobernadores, intendentes y concejales” y que la Constitución establece que los legisladores “no están sujetos a mandato imperativo”, dijo Bachi.
“Tengo que elegir únicamente la estupidez que voy a contestar. Como se dijeron muchas...”, retrucó la diputada Kattya González (PEN), que fue la que solicitó que se aplique la ley contra conflicto de intereses.
“Yo si a esa estupidez voy a responder. Es importante resalta que la ley 7089/2023 está vigente, motivo por el cual no es opcional su cumplimiento y tampoco podemos a la personas que están en este recinto a ser éticas y a auto aplicarse la ley”, dijo González, que remarcó que seguramente el órgano de aplicación sancionará el incumplimiento.
Sin embargo, fue enfática en refutar que los legisladores están exentos del rigor de la ley contra conflicto de intereses, citando los partes de la norma, entre ellos el artículo 13 inciso B, que establece los “sujetos obligados” de presentar declaraciones juradas de intereses “Los senadores y los diputados”.
Igualmente, recordó que en el Artículo 20, que establece el “Deber de abstención”, se menciona taxativamente que “el funcionario público deberá abstenerse de tomar intervención directa o indirectamente” en caso de conflicto.
Aprobaron para un combustible
Igualmente intenso fue el debate en torno al proyecto de ley “que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles”, donde finalmente se impuso la versión Diputados, que obliga a hacer público los factores que definen el precio del diésel tipo III y no a todos los combustibles, como planteaba el Senado.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) fue una de las que criticó ambas versiones, diciendo que la iniciativa atenta contra la libre competencia.