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Justamente, el planteamiento de que se active por primera vez la Ley contra conflicto de intereses en decisiones legislativas motivó que el proyecto “que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de la facturación de combustibles” venga siendo postergado hace varias semanas en Cámara Baja.
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En las dos ocasiones en que se llegó a iniciar el tratamiento de tema en Diputados, la diputada Kattya González (PEN) pidió que se aplique la ley que establece entre otras cosas, la obligación a que legisladores que tengan algún tipo de conflicto de interés con el tema tratado se abstengan de votar.
El proyecto sobre los combustibles tiene sanción automática este 16 de junio, por lo que si o si debe ser tratado mañana.
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La Cámara Baja debe definir si se ratifica en su versión que obliga a transparentar solo los precios del Diésel Tipo III (que utilizan el servicio de fletes, cargas y transporte público) o se allanan a la versión Senado, que incluye a todos los combustibles.
En este caso, el eventual conflicto de interés radica en que varios diputados están vinculados al negocio de las estaciones de servicio, ya sea a través de si o de familiares directos.
En el caso de que no vuelvan a tratar este tema mañana y se llegue a la sanción automática, pasará al Ejecutivo la versión Senado.
La ley “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de interés en la Función Pública”, también conocida como contra “Puertas Giratorias” fue promulgada por el Ejecutivo a finales de abril pasado y también implicará nuevas reglas para las nuevas autoridades electas y las designadas por el futuro presidente Santiago Peña.
Este proyecto también agrega como nueva disposición la obligación de presentar al momento de asumir cargos electivos o en el gabinete, la presentación de una Declaración Jurada de Intereses, que se suma a la Declaración Jurada de Bienes.