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En Cámara de Diputados ya se encuentra en trámite a cargo de las respectivas comisiones especiales el pedido de intervención a las administraciones de los intendentes de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR, HC) y de Loma Grande, José Vera Benítez (PLRA), casos que se esperan sean definidos aún por los actuales miembros de la Cámara Baja.
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En el caso de Loma Grande, la semana pasada ya se convocó tanto a los concejales denunciantes como al intendente para exponer sus argumentos, pero a ambas partes se le pidió que acerquen mayor documentación que respalden, ya sea las denuncias como el descargo. Vera Benítez fue denunciado por supuesta lesión de confianza.
Caapucú
Se hará lo propio mañana martes en el caso de Caapucú, ya que están convocados por la comisión los concejales a las 9:00 y a las 11:00 el intendente Gustavo Penayo. Pese a la serie de denuncias contra la gestión del intendente, aún no se logró que Contraloría realice una auditoría.
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En ambos casos, una vez que se convoque a las partes y se analicen los argumentos el pedido de intervención, las respectivas comisiones deberán emitir dictamen, y el pleno por mayoría simple deberá resolver si aprueba o rechaza la intervención.
Puerto Casado
Otro caso que logró avanzar la semana pasada es pedido de intervención a la gestión del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR), que había sido solicitada por la Junta Municipal ya en diciembre del año pasado, sin embargo recién el jueves pasado el Ministerio del Interior remitió para la firma del Ejecutivo el pedido.
Si bien el trámite en el Ministerio del Interior debería ser expeditivo (no más de 6 días hábiles según la ley), es en esta instancia donde más se demoran los pedidos de intervención.
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Adorno ya está imputado por la Fiscalía por presunta lesión de confianza durante su gestión.
En este caso, es ya casi imposible que el pedido de intervención se defina antes del cambio de legisladores, ya que una vez que tenga entrada el pedido de Diputados, el pleno debe designar a los integrantes de la Comisión Especial para analizar el pedido, y tienen un plazo de 15 días para dictaminar.
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Si el caso llega a tratarse ya en el próximo periodo, habrá que ver si se solicita aplicar la ley contra conflicto de intereses, que obligaría a la inhibición de votar al hermano del intendente Hilario, el diputado electo José Domingo “Mino” Adorno (ANR).
Valenzuela
Otro ejemplo del “cajoneo” en esta etapa es el pedido de intervención a la municipalidad de Valenzuela, liderada por Mirtha Fernández (PLRA) acusada y con pedido de juicio por supuesta “asociación criminal y lesión de confianza”.
La intendenta liberal acarrea denuncias por mala gestión desde hace años, pero aún así logró el rekutú en las pasadas elecciones municipales de octubre del 2021.
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En su caso, desde marzo de este año el pedido de intervención aprobado por la Junta está congelado en el Ministerio del Interior.
Ñemby
El pasado lunes 5 del corriente, la Junta Municipal de Ñemby aprobó por unanimidad el pedido de intervención a la gestión del intendente Tomás Olmedo (ANR, FR) por supuesto mal desempeño y falta de transparencia en su gestión.
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En este caso, hasta su correligionarios concejales votaron por la intervención, denunciando por supuestos desembolsos irregulares a través de presuntas obras sobrefacturadas y licitaciones direccionadas.
Pese a que Olmedo es originalmente oficialista, durante las pasadas elecciones generales apoyó indistintamente a candidatos de ambos sectores, tanto al diputado reelecto Carlos Núñez Salinas (ANR, FR) como al diputado y senador electo Basilio “Bachi” ¨Núñez (ANR, HC).
Tomás Romero Pereira
Tras el rechazo de las rendiciones de cuentas del ejercicio presupuestario 2022, concejales de la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira anunciaron esta semana que presentarán denuncia penal y pedido de intervención ante la Cámara de Diputados contra la gestión del intendente, Hernán Rivas (ANR, HC).
En su caso también se señala la supuesta utilización irregular de recursos de la comuna y adjudicación irregular de licitaciones a empresas afines por parte del intendente, que es padre del actual diputado, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y senador electo, Hernán David Rivas (ANR, HC).
Primera prueba de fuego
La mayoría de estos pedidos de intervención ya quedarán a cargo de los nuevos diputados que asuman el próximo periodo y servirá para conocer la actitud ante denuncias de supuesta corrupción que tomarán los 58 nuevos miembros de la Cámara.
Sobre todo será clave la posición que demuestren los colorados, que acordaron el próximo periodo una mesa directiva colorada y que tendrán mayoría propia con 48 diputados. También habrá que ver la actuación del futuro ministro del Interior, Enrique Riera (ANR, HC), ya que es en esa cartera donde se cajonean pedidos.