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Emilia Esperanza Benítez Griffith figura como la representante de Laemi Uniformes. Esta empresa aparece como otra de las beneficiadas para arrendar dos inmuebles del Instituto de Previsión Social (IPS) en el condominio residencial Cantegrill, de San Bernardino.
El canon mensual para esa empresa por el alquiler de los dos terrenos se estableció en un risible monto total mensual de G. 1.500.000, es decir, G. 750.000 por mes por cada terreno, según la Resolución CA (Consejo de Administración) N° 034-052/2023 con fecha 7 de junio último.
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Lo suspicaz es que Benítez Griffith es esposa del actual director de Inversiones de la previsional, Reinaldo Augusto Silva González. Esta dependencia, coincidentemente, es la que tiene a su cargo las propiedades del IPS, a través del cargo el Departamento de Administración de Inmuebles.
La disposición del Consejo de IPS detalla que Laemi Uniformes debe realizar una inversión de G. 347.895389 en un plazo de 6 años para la construcción de una vivienda unifamiliar de verano. A esto se suma que la adjudicada también tiene un periodo de gracia de 2 años (24 meses) para comenzar a pagar por el alquiler.
Los terrenos tienen una superficie de 821 metros cuadrados y 795 metros cuadrados, respectivamente.
Exasesor de la EBY
Otro de los nombres que salta como beneficiado para firmar el acuerdo de arrendamiento por 20 años en el condominio residencial Cantegrill es el de Carlos Raimundo Filippi Sarubbi, exasesor de Comunicación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Filippi Sarubbi consiguió también dos lotes con superficies de 769 metros cuadrados cada uno, por un generoso canon mensual de G. 900.000, un total de G. 1.800.000 al mes por las dos propiedades.
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La inversión establecida para Filippi Sarubbi es G. 706.985.860 en un lapso de 4 años, según la resolución CA N° 034-043/2023 aprobada el miércoles 7 de junio último.
Intentamos obtener la versión de Silva González y Filippi Sarubbi, pero no atendieron las llamadas a sus respectivos celulares.
Sobrino de Marito y fiscal
El Consejo de Administración del IPS autorizó el 7 de junio pasado la suscripción de 11 contratos de arrendamientos por un total de 24 inmuebles ubicados en el condominio residencial Cantegrill, localizado en la veraniega ciudad de San Bernardino. Entre los adjudicados aparecieron Nicolás Giudici Abdo, sobrino del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el fiscal anticorrupción Osmar Legal Troche junto a su esposa Tania Sosa Arteta.
Giudici Abdo consiguió el alquiler por un plazo de 20 años de tres lotes a G. 900.000 mensuales cada uno, mientras que el matrimonio Legal-Sosa un terreno por G. 839.895 al mes. Ambos igualmente, según las resoluciones de la previsional, debían realizar millonarias inversiones para la construcción de viviendas unifamiliares de verano.
Una cuestión curiosa es que la esposa de Nicolás Giudici Abdo también accedió ese mismo día a otro terreno en forma independiente. Se trata de Stephanie Appleyard Allen, a quien se le estableció un canon mensual de G. 900.000, además de la millonaria inversión para edificar una casa de verano.
En el caso del fiscal Legal, el punto llamativo es que la hermana de su esposa Tania Sosa es cónyuge del actual director de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del IPS, Cristian Henry Fox Gamarra. Se trata de Maite Sosa Arteta, quien para más coincidencia también consiguió el 7 de junio pasado la autorización para suscribir un contrato para el arrendamiento de otro lote en la urbanización Cantegrill.
Más sorpresivo es que otra de las hermanas de Tania y Maite Sosa, Leila Sosa Arteta junto a su marido Unter Balmaceda igualmente resultó beneficiada, el 7 de junio pasado, para la firma de un acuerdo por otro inmueble en el mismo condominio residencial.
El fiscal Osmar Legal afirmó que ya solicitó dejar sin efecto la resolución. Mientras que el funcionario del IPS, Cristian Fox Gamarra, por su parte, aseguró que está separado de Sosa Arteta, aunque dijo que tenía conocimiento de que la mujer presentó un desistimiento.
Habilitado el subarrendamiento
El IPS también estableció en las resoluciones en las cuales se autorizaba el arrendamiento de sus propiedades en el condominio residencial Cantegrill, de San Bernardino que “la Arrendataria podrá subarrendar total o parcialmente el inmueble arrendado; siempre y cuando el Instituto perciba el 10% (diez por ciento) del monto de subarrendamiento, para dicho efecto la Arrendataria deberá presentar el contrato firmado entre la Arrendataria y Subarrendatario”, (sic). Asimismo, establece la presentación de pólizas de seguro por las inversiones a realizarse.
Proyecto de ley sobre el punto duerme en Diputados
El Condominio Residencial Cantegril, propiedad del IPS, ubicado en San Bernardino está en la mira desde hace años. Es así que el 1 de setiembre de 2015 los entonces diputados por Cordillera, Amado Florentín y Milciades Duré, ambos liberales, presentaron un proyecto de ley “Que autoriza al Instituto de Previsión Social (IPS) la enajenación a título oneroso, de los inmuebles individualizados como Condominio Residencial y Turistico Cantegrill y el ex Hotel Casino San Bernardino, ambos de la ciudad de San Bernardino”.
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La iniciativa tuvo entrada oficial y quedó desde entonces EN TRÁMITE en la Cámara de Diputados. El 19 de diciembre de 2018, ya en el actual periodo legislativo, la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros elaboró un dictamen por el cual recomendaba el rechazo del proyecto de ley. Sin embargo, nunca fue tratado en plenaria por lo que sigue latente y ahora, coincidente, el Consejo de Administración procedió a realizar una especie de repartija de terrenos el 7 de junio pasado.
Según el proyecto de ley presentado por Florentín y Duré, el Instituto de Previsión Social, sin dejar de considerar la probable oposición de sectores pasivos (Jubilados-Falta de comprensión de las razones del Proyecto de Ley, ciudadanía en general), se ratifica en la necesidad de recuperar la facultad de enajenar bienes inmuebles a efectos de fortalecer las reservas financieras del Seguro Social, ya sea mediante la aplicación directa en el Fondo de Jubilaciones de los ingresos resultantes de la venta de inmuebles, o directamente a través de la canalización del superávit financiero anual hacia las Reservas Técnicas y el Fondo de Previsiones.