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El proyecto de ley “que establece inhabilitación para candidatos a cargos electivos con antecedentes por corrupción” fue presentado en junio del 2020, pero finalmente tuvo dictamen esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, donde plantearon incluir también a gobernadores y concejales departamentales, que no estaban contemplados en la propuesta original.
De esta manera, se plantea que además de cumplir la pena correspondiente al delito o crimen que hayan cometido, los políticos que tengan sentencia firme por hechos de corrupción no podrán candidatarse a los siguientes cargos electivos: “Senadores, diputados, intendentes, concejales municipales, gobernadores y concejales departamentales”. Solo se excluye al Presidencia de la República y la Vicepresidente.
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El artículo 3º establece que “la pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas se impondrá junto con la pena principal y será como mínimo el tiempo de esta y como máximo podrá llegar a 20 años posteriores al cumplimiento de la sanción principal”.
Rocío Vallejos advierte sobre proyecto contra corruptos
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputada Rocío Vallejo (PPQ), dijo que la Constitución restringe estrictamente esta sanción a casos de condena, no así para salidas previas acordadas con la justicia ni para procesos abiertos. “Este proyecto es solamente para condenas, porque ¿qué pasa, en una suspensión condicional del procedimiento o un criterio de oportunidad? Son salidas procesales donde termina con la extinción de acción y el sobreseimiento definitivo, así que ahí colisionaríamos de vuelta con el principio constitucional”, afirmó.
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Varios políticos que fueron procesados como el exdiputado José María Ibáñez (ANR) o el actual diputado Tomás Rivas (ANR, FR) logran evitar condenas por casos de corrupción, acordando “devolver lo robado” o haciendo “donativos” como parte de una “reparación del daño”.
Vallejo aclaró que tampoco se pueden evitar casos como el del senador electo Rafael “Mbururú” Esquivel (CN), aunque tenga más de 50 causas en su contra y estar preso por delitos como tentativa de homicidio hasta abuso de menores. Otro caso similar es del senador electo Erico Galeano (ANR, cartista), imputado por supuesto lavado de dinero y asociación.
“Pretender inhabilitar a personas sin condenas “sería atacado de inconstitucional”, por lo que afirmó que en estos casos “los partidos políticos deberían de hacer un chequeo de sus candidatos” y depurar sus filas, sugirió.
Proyecto contra corruptos en cargos públicos abarca varios delitos
En la lista de delitos afectados por esta propuesta legislativa se incluyen: cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, prevaricato, lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, tortura, persecución de inocentes, ejecución penal contra inocentes, exacción, cobro indebido de honorarios, inducción a un subordinado al hecho punible, entre otros varios.
Se deja en manos de la Fiscalía solicitar al Tribunal los años de inhabilitación que considere pertinente, pudiendo llegar hasta 20 años, independientemente de la pena que fije el delito o crimen.