Instan al Ejecutivo que remita la intervención de Municipalidad de Puerto Casado

Diputados aprobó el proyecto de declaración que insta al Ministerio del Interior que “descongele” y remita a la Cámara Baja el pedido de intervención de la gestión del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR, Fuerza Republicana), quien ya fue imputado por la Fiscalía.

Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado.
Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado.abc color

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Según los legisladores, el ministro del Interior Federico González tiene en el “freezer” desde el 1 de diciembre del año pasado el primer pedido de intervención de la Municipalidad de Puerto Casado y un segundo reclamo, presentado el 23 de mayo último, pese a que la Ley N° 317/94 establece seis días como plazo máximo para la remisión a la Cámara de Diputados el pedido una vez ingresado al ministerio.

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La Junta Municipal de Puerto Casado viene denunciando desde el año pasado manejos desprolijos que hace Hilario Adorno, quien incluso se compró una camioneta Mitsubishi tipo L200 Triton Sport 0 Km. modelo 2022 con dinero municipal y puso a su nombre, por lo cual fue denunciado y fue imputado por el fiscal Luis Piñánez, quien pidió informes a la firma de donde se adquirió el rodado.

Nipon Automotores SA remitió el contrato de compraventa de la lujosa camioneta en el que es Hilario Adorno el que aparece como comprador a título personal, no en representación de la Intendencia casadeña. Asimismo, la Oficina Registral del Registro del Automotor confirmó también que el vehículo estaba registrado a nombre de Hilario Adorno.

Ediles de Puerto Casado rechazaron rendición de cuentas de Hilario Adorno

Los ediles también ya rechazaron la rendición de cuentas de Hilario Adorno y se ratificaron en el uso indebido de los recursos municipales.

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Además, en varias ocasiones una comitiva de ediles llegó del lejano pueblo chaqueño para instar a los diputados a investigar la gestión de Adorno, quien es hermano del diputado electo Domingo Adorno (ANR, cartista). Los concejales indicaron que el perjuicio patrimonial a la municipalidad rondaría los G. 400 millones en “cheques sin fondo”, así como varios “juicios ejecutivos por pagarés sin fondo”, todos expedidos a nombre de la municipalidad.

Adorno también aparece en el informe de la Contraloría General como uno de los intendentes que no cumplió con el uso correcto de Fonacide.

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