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Fue la diputada Blanca Vargas (ANR, HC) la que solicitó el aplazamiento por una semana del veto del Ejecutivo al proyecto “que establece un régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989″” y el que “autoriza a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a indemnizar extraordinariamente a funcionarios y obreros de la institución, por el cese de operaciones”.
El diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA) se opuso al aplazamiento del caso de los conscriptos y pidió definir de una vez el levantamiento del veto o el archivamiento, y la votación fue desfavorable a ello.
El Poder Ejecutivo había objetado totalmente ese plan legislativo, afirmando que no existe un censo preciso sobre la cantidad de beneficiarios ni del costo total, pero que de cualquier forma no tendrían los recursos para el pago en el caso de ser promulgada la ley.
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Según estimaciones, potencialmente hay 1.417 indemnizables, los que cuanto menos implicarán una erogación total de G. 104.224.084.750 (más de US$ 14,1 millones), correspondiendo a cada beneficiario el equivalente a 750 jornales mínimos (G. 73.566.750).
Decisión sobre indemnización a trabajadores de ANNP, postergado
En el caso de Puertos, en esta instancia en Diputados ya no hay posibilidad de rechazo, por lo que deberán optar entre la versión propia o la del Senado.
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La versión Diputados contempla un gasto mayor de aproximadamente G. 124.006.104.601 a ser repartidos a 563 funcionarios, los cuales siguen cobrando mensualmente, pese a no tener funciones tras el cese de operaciones del Puerto de Asunción. Ambos proyectos tienen sanción automática este mes.