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El monto más considerable es un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para “acceso a financiamiento para inversiones del sector agropecuario en el Paraguay”, dinero a ser gestionado a través de Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Ayer, en Cuentas y Control se dictaminó a favor del préstamo, aunque el presidente de la comisión, diputado Édgar Acosta (PLRA) dijo no obstante, que agregarán la consideración de que los recursos sean correctamente utilizados, ya que siempre hay denuncias de direccionamiento. De aprobarse en Diputados, el préstamo quedará sancionado y será remitido al Ejecutivo.
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Otro proyecto de gran impacto en el presupuesto 2023 es el veto del Ejecutivo al “que establece un régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989″, que podría implicar una erogación de unos G. 104.224.084.750 (más de US$ 14,1 millones).
En Cámara Baja se necesitan 41 votos para rechazar el veto. Si el rechazo total del Ejecutivo es aceptado, ya no importará la decisión que pueda tomar luego el Senado, ya que el proyecto igual irá al archivo. Finalmente, también hay otro veto del Ejecutivo al plan de repartir G. 35.000 millones para 5 gobernaciones por “emergencia” por inundaciones, algo ya extemporáneo actualmente.
Millonaria indemnización en Puertos
En la Cámara de Diputados se incluyó como 9º punto B del orden del día de hoy el proyecto de ley que “autoriza a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a indemnizar extraordinariamente a funcionarios y obreros de la institución, por el cese de operaciones”, otra millonaria “repartija” que sí o sí será sancionada.
En este caso, a la Cámara Baja solamente le resta optar si acepta las modificaciones del Senado (monto menor) o se ratifica en su versión, que implicará una erogación mayor.
La versión Diputados implica el pago de unos G. 124.006.104.601 para unos 563 funcionarios de Puertos que actualmente siguen cobrando pese a no tener función alguna, tras el cierre del puerto de Asunción.
El Senado redujo este monto al establecer que las indemnizaciones serían pagadas en base a “un salario percibido por los trabajadores y por cada año de antigüedad”, a diferencia de los dos salarios que estableció primeramente Diputados.
En agenda para hoy también hay otros proyectos complejos y controvertidos, como el que plantea modificar leyes “relativas al régimen de jubilaciones y pensiones del personal municipal”, que de tratarse, se solicitaría su vuelta a comisión para poder debatirse en audiencia pública.
También se volvió a incluir el proyecto “que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles”, que viene siendo postergado hace semanas.
Proyectos sobre telefonía, en agenda de Diputados
En el orden del día de hoy de Diputados figuran proyectos de ley que afectarían al servicio de telefonía, uno de ellos relacionado al control de tránsito en internet y datos relacionados al combate a delitos informáticos contra niños, niñas y adolescentes, y otro sobre “roaming automático”.
Si bien figuran entre los últimos puntos y últimamente la Cámara de Diputados no se destaca por su responsabilidad en agotar los puntos del orden del día, figura como punto 26, el proyecto que “dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y hechos punibles conexos”.
Si bien la iniciativa tiene un fin indiscutiblemente loable, al buscar combatir delitos como la pornografía infantil, también tiene puntos controversiales al obligar a preservar los datos de navegación de todos los usuarios, sean sospechosos o no.
Esto también tiene de fondo el riesgo de la mala utilización de estos datos con otros fines ajenos a la persecución a delincuentes informáticos y la violación de la intimidad de personas que no cometieron ningún delito.
Por otra parte, en el punto 16 figura un proyecto “que amplía y modifica artículos de la Ley N° 642/95, de Telecomunicaciones, en su título VIII – condiciones de operación”, por el cual se pretende obligar a operadoras a la provisión automática de servicio en el exterior (roaming). La iniciativa plantea que las telefónicas arbitren los mecanismos para cumplir con esta disposición.