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Luis Vergara, abogado del cuestionado intendente de Loma Grande, dijo que el trasfondo del pedido de intervención es que la ANR quiere recuperar el poder que el jefe municipal de turno, Vera Benítez, le arrebató después de 21 años.
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Agregó que los concejales colorados que impulsan la intervención vienen rechazando todos los proyectos de la Intendencia y que una de las ediles -que aspira sustituir al intendente con la destitución- es accionista de la empresa de transporte La Lomagrandense, firma que supuestamente busca eludir todo tipo de impuestos municipales.
“Hay pretensiones personales de la concejala Selene Alessandra Jiménez Von Kreimayr (ANR), por ser la presidenta de la Comisión de Hacienda y Legislación que rechaza el cobro de salida de la terminal de ómnibus de la empresa de trasporte La Lomagrandense, propiedad de su padre Víctor Hugo Jiménez (concejal departamental electo)”, reveló Vergara.
Agregó que incluso en la audiencia de los concejales acusadores en la Cámara de Diputados, tanto accionistas como empleados de la empresa estaban presentes ante los legisladores.
Cobro de G. 3.600 millones
Vergara dijo que la citada edil “también rechaza desde la Junta Municipal el cobro de G. 3.600 millones a la citada empresa en concepto de boletas de pasajes, objeta pagos de patentes comerciales e impuestos inmobiliarios de dicha empresa, que desde la Intendencia por el rol de recaudador se exige. Existe una situación de intereses privados que son utilizados por la Junta”, recalcó.
“La Concejala es la candidata a presidir la intendencia en caso de la destitución del hoy Intendente, así tendrán el control de su empresa privada para evadir los impuestos”, aseveró.
En cuanto a las denuncias de los ediles presentadas ante la Comisión especial de Diputados que estudia la intervención, dijo que cuentan con todas las documentaciones referentes a licitaciones y obras
“No se utilizó dinero alguno de Fonacide para otros destinos y menos hubo daños patrimoniales contra la Municipalidad. Contamos con todas las rendiciones de cuentas al día ante la Contraloría y Junta Municipal, siempre entre los primeros a nivel país. Todas las obras fueron ejecutadas, estamos a disposición de la Comisión para su visita in situ para corroborar”, finalizó.
Niegan injerencia de la empresa
Cronistas de nuestro medio intentaron comunicarse con la concejala Jiménez pero no respondió los mensajes ni las llamadas realizadas.
Posteriormente la abogada Sandra Barrios, representante legal de los accionistas de la empresa se comunicó con ABC Color y negó las acusaciones lanzada por Vergara. Dijo que la firma está al día en sus impuestos y que de ninguna manera busca alguna evasión. Sin embargo, no supo explicar qué hacían empleados de la empresa de transporte junto a los concejales y los diputados miembros de la Comisión Especial que estudia el pedido de intervención. Entre ellos se observan miembros de la familia Jiménez y el contador de la firma Cristian Morales entre otros.
Barrios dijo que la empresa fue involucrada injustificadamente y sostuvo que “no tiene nada que ver” que la hija del accionista fundador sera concejala.
Sostuvo que el pedido de intervención debe obedecer a irregularidades administrativas de la intendencia y no con lo que haga una empresa privada.
“Es descabellado acusar a una empresa de transporte de impulsar una intervención municipal”, aseveró.
Pero al mostrarle que la fotografía de la reunión en la Cámara de Diputados, dijo desconocer qué hacía el contador de la firma en el Poder Legislativo. “Loma Grande es una ciudad chica y los accionistas son todos parientes”, aseveró.