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Con el aval del cartismo y del senador y próximo ministro del Interior, Enrique Riera, ayer los senadores dieron continuidad al estudio en particular del controvertido proyecto de ley de Reforma y Modernización de la Policía Nacional.
Tras seis horas de debate y la imposibilidad de concluir el estudio de la totalidad de los articulados, el Senado declaró un cuarto intermedio para el próximo martes 13, a las 09:00, para proseguir con el tratamiento del artículo 11 de los 271 artículos con que cuenta la norma.
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El plan patrocinado por cartistas y patriaqueridistas, que finalmente no prosperó, contenían artículos inconstitucionales que pretendían dar la potestad a la Policía de “reflotar” edictos y recaudar por medio de tasas.
Los senadores mencionaron que emitir edictos les recordaba a la época stronista, incluso al edicto Riera, que el nominado a ministro, había sacado cuando era intendente de Asunción. Indicaron que un edicto podría restringir libertades y utilizarse de forma arbitraria.
Policía pretendía cobrar por “prestar servicios”
El proyecto de ley que tampoco fue aprobado pretendía “blanquear” la guardia privada de la Policía Nacional con tasas por prestación de servicios adicionales, que no estaban especificados.
El senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA) y la senadora Desirée Masi (PDP) clarificaron varios de los puntos y en especial el inciso 32 del artículo 6° donde hicieron notar su inconstitucionalidad.
Ayala dijo que la aplicación de las tasas es una de las antiguas reivindicaciones de los ciudadanos contra el abuso del Estado. Indicó que no se puede discutir el rol de la Policía, cual es la de preservar el bien público, razón por la que no se debería cobrar por servicios.
Dejó en claro que para ello ya los ciudadanos aportan tributos para que funcione uno de los estados de derecho, que es la seguridad, sin diferencias de quien pueda o no pagar por la prestación.
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Los senadores aprobaron que la Policía percibirá un promedio del 15 % de las sanciones pecuniarias que sean producidas como interviniente.
Aprobaron que se cree el privilegio de devolver el aporte jubilatorio al policía, cualquiera sea su antigüedad. Para Hacienda se traducirá en un mayor gasto.