El expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), actual director general paraguayo de Yacyretá, fue consultado ayer por ABC sobre la situación del diputado y senador electo Erico Galeano (ANR, HC), imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal vinculado al operativo a Ultranza Py.
Respondió que el presidente electo Santiago Peña (ANR) fue “muy claro” al decir públicamente que Galeano debe someterse a la Justicia.
“Erico Galeano tiene que entender su grave situación y que compromete a Honor Colorado (HC) y la institucionalidad democrática”. Él (Galeano) tendría que someterse directamente a la Justicia, las acusaciones son gravísimas”, dijo Nicanor.
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Galeano perdió sus fueros en la Cámara de Diputados, pero está intentando dilatar el proceso en su contra hasta el 30 de junio, fecha en que juraría como senador y adquiriría nuevos fueros como miembro de la Cámara Alta. El viernes pasado, en la audiencia ante el juez del caso, Gustavo Amarilla, la defensa del cartista había planteado un recurso en contra de la convocatoria alegando que el juez actuó de mala forma y ahora se prevé una nueva audiencia para el próximo martes 6 de junio.
Duarte Frutos señaló que los fueros parlamentarios no pueden ser considerados “un escudo para impedir la investigación de parlamentarios en delitos comunes” sino “una herramienta para preservar al diputado o senador de las consecuencias de su discurso, de los juicios de valor que emita en su condición de representante del pueblo”.
Indicó, además, que el hecho de que “el coloradismo tiene la mayor cantidad de agentes sospechados de narcotráfico”, se debe simplemente a que la ANR es “el partido del poder”.
“Los narcotraficantes obviamente van a buscar infiltrarse en partidos de poder, no en partiditos de membrete”, expresó.
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Rehén del Congreso
Duarte Frutos sostuvo que el sistema constitucional se presta a que el Congreso “intente tomar de rehén al Presidente de la República” porque el mandatario tiene “facultades muy limitadas” en comparación al fortalecimiento que la Constitución de 1992 otorgó al Poder Judicial y Legislativo.
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