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A falta de menos de un mes para que culmine el periodo legislativo 2018-2023, duermen en los cajones de la Cámara de Diputados dos proyectos bastante espinosos para los legisladores con cuestionamientos, como es el proyecto para reglamentar la pérdida de investidura y la modificación del reglamento de la Cámara Baja para castigar decididamente a los raboneros.
El proyecto de ley “que reglamenta el artículo 201 de la Constitución, de la Pérdida de Investidura” está congelado desde marzo del año pasado en Diputados. Es relevante, pues plantea establecer por ley la mayoría requerida para expulsar a miembros de la Cámara, algo que siempre es tema de discusión, sobre todo de parte de aquellos que pretenden salvar a legisladores sospechados de corruptos.
El proyecto presentado por diputados opositores consta apenas de cuatro artículos, pero plantea precisiones claves para evitar seguir apañando a legisladores que tengan causales fehacientemente comprobables de corrupción.
Primero, establece que la solicitud para la pérdida de investidura “será presentada como mínimo por una cuarta parte del total de miembros de la Cámara”, es decir veinte diputados u once senadores y se deben explicar claramente los motivos.
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También plantea el plazo máximo de 8 días para que el presidente de la Cámara respectiva convoque a una extraordinaria donde el afectado realice su defensa, para luego proceder a la votación sobre la expulsión o no.
El punto central del proyecto refiere que “el pleno resolverá el pedido de pérdida de investidura y para su aprobación se necesitará la mayoría simple de votos, de conformidad al artículo 185 de la Constitución Nacional”.
Cada vez que se trata un pedido de pérdida de investidura, en cualquiera de las dos cámaras, se trata de controvertir sobre la mayoría requerida. Sin embargo, al no establecerse una mayoría específica, la Carta Magna obliga a aplicar la mayoría simple (mitad más uno de los presentes).
Otro apartado muy importante en esta propuesta legislativa es la que se refiere a las implicancias de la pérdida de investidura, donde se establece como castigo la prohibición de ser designado en otros cargos públicos o incluso licitar con el Estado por un plazo de 10 años.
La prohibición de ocupar cargos incluye tanto los electivos como los dispuestos por nombramiento, al igual que “no podrá ser proveedor del Estado paraguayo por un periodo de 10 años, a partir de la fecha que se estableció la pérdida de investidura propiamente”.
Hasta ahora, en Diputados el único sometido a pérdida de investidura fue Carlos Portillo (PLRA). El resto fue blindado.
Varios salvados en Diputados
La Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, donde ya se han concretado ocho pérdidas de investidura o renuncias por cuestionamientos, es propensa a “blindar” a sus cuestionados, que aprovechan en general la “ayuda” de la Fiscalía.
En este periodo, el diputado José María Ibáñez (ANR) fue salvado por sus colegas, aunque luego se vio obligado a renunciar por presión ciudadana. En el caso del diputado preso por “A Ultranza” Juan Carlos Ozorio (ANR) se vio obligado a renunciar. El único expulsado fue Carlos Portillo (PLRA).
Diputados plantea suspender a irresponsables
La otra iniciativa que está frenada desde julio del año pasado en Diputados es el proyecto de modificación del reglamento interno de la Cámara Baja, para aumentar el castigo a los raboneros, que hasta ahora operan impunemente. Cuando se intentó tratar por última vez, se dispuso su vuelta a comisiones
El proyecto plantea que “el diputado que se ausentare a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas durante el año sin justificación será sancionado con la suspensión de sus funciones, sin goce de dieta, por el término de sesenta (60) días”.
La propuesta “antiraboneros” acota que, durante el plazo que dure el castigo, “deberá prestar juramento el diputado suplente”.
Actualmente, se establece como castigo máximo el descuento de salarios, pero realmente no se aplica en la práctica ya que, desde la presidencia de la Cámara se suelen aceptar las “justificaciones” de manera verbal e incluso posteriores a las sesiones.
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Ante esto, la propuesta de modificación también aclara que “se considera injustificada toda ausencia, falta o llegada tardía que no tenga relación con el cumplimiento de alguna actividad vinculada al ejercicio de la función parlamentaria, o en su caso, motivos de salud o de relevancia debidamente documentados”.
La irresponsabilidad de los diputados se ha convertido en un mal endémico en la Cámara Baja, no solo obligando a que en lo que va del año siete sesiones ordinarias sean levantadas por falta de quorum, sino que en la mayoría de las sesiones no se llegue a agotar el orden del día, por el retiro prematuro de sus miembros.
Si bien el retirarse de la sesión para dejar sin quorum es hasta un recurso político válido que pueden alegar los legisladores, no es el caso en Diputados, ya que para ello debe ser comunicado al pleno durante la sesión.
Esto se volvió especialmente insostenible en las semanas previas a las elecciones. La impunidad y extrema irresponsabilidad de los legisladores es especialmente repudiable, sobre todo por el hecho de que los mismo perciben mensualmente G. 34 millones.
En el caso de prosperar la iniciativa, solamente afectará a la Cámara Baja, ya que el Senado tiene su propio reglamento.