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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto N° 9331, con fecha 19 de mayo, que objeta totalmente el proyecto de ley de ampliación presupuestaria de G. 6.980.000.000 para la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, presidida por Édgar Ruiz Torres, concuñado del diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC).
La iniciativa parlamentaria fue sancionada por el Congreso Nacional el 11 de mayo pasado. El proyecto fue presentado en abril pasado por 10 diputados de los cuales tres son colorados, seis liberales y uno es del Partido Hagamos, por lo que habría consenso entre las bancadas. Los colorados cartistas Pilar Medina, Néstor Ferrer y Tadeo Rojas firmaron la iniciativa. Los tres legisladores no hacen el rekutu.
En el considerando del decreto, el Poder Ejecutivo argumenta en su objeción total que la ampliación presupuestaria planteada implicaría requerimientos de recursos financieros adicionales genuinos de la Tesorería General, sobre lo aprobado en el Presupuesto General de la Nación para el presente ejercicio fiscal 2023. “De acuerdo con los informes proveídos por las dependencias técnicas del Ministerio de Hacienda, se observa que el proyecto de ley en cuestión no fue canalizado propiamente, a través de los análisis técnicos necesarios que avalen la posibilidad de contar con ingresos complementarios que permitan al Tesoro Nacional asignar nuevos recursos”, refiere.
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El Ejecutivo señala que según el análisis del comportamiento de los ingresos tributarios del Ministerio de Hacienda, la fuente 10 (recursos del Tesoro) “se encuentra acotada por rigideces estructurales y legales del gasto público”. “En ese sentido, considerando las estimaciones de las principales variables económicas y los parámetros de la regla fiscal, por hallarse completamente comprometido, no existe margen para financiar gastos adicionales en la mencionada fuente de financiamiento”, indica el Decreto.
Refiere que la propuesta legislativa pretende ampliar el presupuesto sobre la base de una proyección de ingresos tributarios que carece de sustento técnico, en el sentido de la percepción efectiva de los ingresos.
La disposición indica que la iniciativa, por implicar requerimientos adicionales de recursos genuinos de la Tesorería General, con relación a lo actualmente presupuestado, que se encuentra desde ya sobreestimado, ocasionará un considerable desfasaje presupuestario. “De aprobarse la ampliación traerá aparejada la transgresión al principio general de responsabilidad fiscal, relativo a asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos”, expresa el Ejecutivo.
“Teniendo en cuenta la situación actual por la que atraviesa la Tesorería General, cualquier incremento en el gasto ampliaría el desfinanciamiento del presupuesto y la brecha del déficit fiscal, salvo que sea en detrimento de otros compromisos asumidos por la Presidencia de la República (Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales), a través de mecanismo re reprogramación, pero no así de ampliación”, apunta el Decreto.
En el considerando de la decisión del Ejecutivo, agrega: “Que por lo expuesto, resulta imperativo considerar que cualquier planteamiento para incrementar gastos debe contemplar la real capacidad de financiamiento de la Tesorería General, a manera a preservar la sostenibilidad fiscal, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Ley N° 5098/2013 De Responsabilidad Fiscal”.
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Funcionario dijo que trabajan sin presupuesto
El 11 de mayo pasado, la Cámara de Senadores aprobó y remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley de ampliación presupuestaria de G. 6.980.000.000 para la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, presidida por Édgar Ruiz Torres.
En la reunión de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta se señaló que del 2020 al 2022 la Secretaría de Repatriados comprometió alrededor de G. 15.000 millones en lo que respecta a recursos de la institución. De ese monto pagaron cerca de G. 12.000 millones y sobró un remanente de G. 3.300 millones.
En lo que respecta al 2023, Repatriados tuvo un presupuesto de G. 1.400 millones que permitió cancelar la deuda que tenía la Secretaría con las funerarias y con las empresas. En cuanto a pasajes aéreos para personas vulnerables tuvieron una deuda de G. 1.900 millones.
A la fecha tienen comprometido G. 1.800 millones. “Haciendo una proyección de lo que tuvimos el año pasado, la Secretaría cubrió 433 casos entre restos mortales, subsidios y pasajes, en su mayoría casos de restos mortales y comprometió G. 5.000 millones”, dijo en esa ocasión Guillermo Osorio, director de Desarrollo Humano de Repatriados.
El funcionario indicó que estimando con lo que ya comprometieron este año y teniendo en cuenta la proyección del año pasado, plantean el pedido de ampliación presupuestaria de G. 6.900 millones para la institución que cubrirá para el resto del año.
“Nosotros venimos trabajando sin presupuesto, comprometiendo recursos que en parte no tenemos y debemos responder a la población, que en un 12% está fuera del país”, dijo el funcionario en la reunión con la comisión de Hacienda que dictaminó a favor del plan.
Tres cartistas, entre los firmantes
El proyecto fue presentado en abril pasado por 10 diputados de los cuales tres son colorados (Pilar Medina, Néstor Ferrer y Tadeo Rojas), seis liberales (Teófilo Espínola, Eri Valdez, Emilio Pavón, Marcelo Salinas, Pastor Vera y Ariel Villagra) y uno es del Partido Hagamos (Tito Ibarrola).
Los autores señalaron en su proyecto, que del 2020 al 2022 la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) otorgó subsidios para la repatriación de connacionales vulnerables y fallecidos en el exterior por G. 15.388 millones y que en ese mismo periodo de tiempo esa institución destinó G. 11.993 millones para el pago a las empresas prestadoras de servicios para el retorno de los compatriotas, esta diferencia de G. 3.395 millones es el monto que adeudaba a las referidas empresas.
Agregan que el monto asignado a la Secretaría en el rubro 233 “Gastos de Traslado” para el 2023 es de G. 1.446 millones, recurso que fue íntegramente destinado a honrar parte de los compromisos asumidos con los prestadores de servicios, dejando un saldo de deuda de G. 1.948 millones.
Señalan además que este año la Sederrec ha otorgado 78 subsidios por G. 1.048 millones y que, según proyecciones, la institución requerirá otros G. 5.031 millones para responder a las 450 solicitudes que estima recibir durante el 2023.
Indican que con esta información sustentan la solicitud de ampliación presupuestaria de G. 6.980 millones, “atendiendo a que la institución ya no cuenta con recursos presupuestarios para afrontar la deuda con los prestadores de servicios y la demanda estimada de solicitudes de subsidios para la repatriación para el presente año”.
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