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La movilización, denominada “Bachetours N° 5″, es organizada por la Auditoría Ciudadana de Mariano Roque Alonso y forma parte de las numerosas protestas que buscan visibilizar el estado de la ciudad con calles en pésimo estado, la falta de transparencia, la nula iluminación en las calles interiores, la falta de recolección de residuos y las deficiencias en servicios sanitarios.
La concentración se realizará desde las 15:30 sobre la Avda. Transchaco esquina Parapití (al costado de la sucursal de Casa Rosada). Posteriormente el grupo recorrerá los tramos interiores para demostrar la situación de los caminos sobre las calles Karanda’yty, Tte. Vera, Pedro Barrios, Isla Po’i, el barrio Central y la Fracción Palermo. Toda la marcha será transmitida en las redes sociales de la “Asoc. Civil de Auditoría Ciudadana de M.R.A”.
Al malestar ciudadano se suma que días atrás la Junta Municipal de Roque Alonso aprobó el balance 2022 de la intendenta Carolina Aranda, por 10 votos de 12 concejales, pese a la falta de documentos respaldatorios.
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Los ciudadanos organizados denuncian un supuesto faltante de G. 4.000 millones entre lo ejecutado y los documentos presentados.
Sostienen además que Roque Alonso es la peor ciudad, en material vial, de todo el departamento Central pese a que la jefa comunal se jacta de tener una planta asfáltica propia.
Pese a millonario presupuesto, Mariano Roque Alonso sigue en pésimo estado
La intendenta Carolina Aranda administra un presupuesto anual de G. 60.000 millones; sin embargo, la ciudad tiene varias calles en pésimo estado y regadas de agua servida.
El distrito además está en “zona roja” debido a los brotes de chikunguña que azotan a la población sin que desde la comuna se lleven adelante mingas ambientales para frenar el avance de la enfermedad considerada “rompehuesos”.
Según Richart Torres, de la Asociación Civil de Auditoría de Mariano Roque Alonso, existen inconsistencias entre la documentación presentada a los ediles y lo que se presentó a la Contraloría General de la República (CGR), entre ellas una diferencia de G. 1.016 millones en el monto total de gastos y de G. 3.753 millones en total de ingresos. Además, la intendenta nunca llamó a una audiencia pública como lo exige la Ley Orgánica Municipal.
Hace varios meses, auditores de la CGR están realizando una fiscalización especial, y los ciudadanos piden que se divulgue el resultado del estudio.