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Atendiendo a que el proyecto plantea obligar al Estado que publique la estructura de costos de los combustibles y que varios legisladores -personalmente o a través de sus familiares directos- son dueños de estaciones de servicio, la diputada Kattya González (PEN) exigió que estos se inhiban a la hora de votar, atendiendo la vigencia de la Ley N° 7089/2023 que establece el “Régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública”.
“Es un imperativo. A los dueños de estaciones de servicio les estoy diciendo, esto es un imperativo, deberán abstenerse de tomar intervención directa o indirecta en los asuntos relacionados con las empresas que hayan sido su propiedad (...)”, afirmó, exigiendo que se aplique la ley.
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Remarcó que la restricción “no solamente (es por motivo) ético, sino (hay un) deber legal de abstenerse de votar en un tema donde están involucrados directamente a través de sus sociedades o las sociedades de sus familias”.
Atendiendo a que contaban con números ajustados de quorum y no tendrían los 41 votos para ratificar la versión Diputados, que cercena totalmente el proyecto, aplicándolo solo al diésel común, se aprobó la postergación por 7 días del tema.