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“En realidad con esto se abre la posibilidad de aplicar el (procedimiento) abreviado a todos los hechos punibles, y ahí siempre trayendo un poco lo que es crimen organizado, lavado de activos, lesión de confianza, hechos de corrupción. Yo no sé qué carnaval puede llegar a ser”, insistió la diputada (reelecta) Rocío Vallejo (PPQ), que desde un inicio alertó de la gravedad de este proyecto de ley que vuelve al Congreso tras el veto total del Ejecutivo.
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En su carácter de presidenta de la Comisión Bicameral de Reforma Penal del Congreso y exfiscala, Vallejo insistió una vez más en advertir del enorme riesgo que implica una eventual promulgación del proyecto de ley “que modifica los artículos 420 y 421 de la Ley N° 1286/1998 ‘Código Procesal Penal”’.
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“Acá se quiso hacer una mezcla de procedimiento abreviado, con algún tipo de delación premiada y salió muy mal”, remarcó la legisladora, enfatizó en que tal como está redactada la ley, no solo beneficiaría a delincuentes de “cuello blanco” como son los delitos de corrupción, sino también a criminales como abusadores y asesinos, sin dejar de mencionar que se les dan “superpoderes” a los fiscales.
“La expectativa es diferente al marco penal. Como decía en mi intervención ante el Congreso, un hecho punible de homicidio puede tener un marco penal de 5 a 30 años. ¿Puede llegar a tener ese hecho una expectativa de pena de 15 años? Sí puede. ¿Quién lo va a definir según está ley? El fiscal. Un poder absoluto y extraordinario a la Fiscalía”, remarcó Vallejo.
Como ex agente fiscal remarcó que así como hay buenos fiscales y jueces, también “están los otros” que podrían corromperse y favorecer a estos criminales, lo que sería muy fácil, ya que todo se arreglaría entre cuatro paredes.
“Todos los que estamos en el sistema sabemos cómo se lleva a adelante un procedimiento abreviado. Se presenta el escrito como dice ahí, todas las partes tiene que estar de acuerdo, prácticamente se consensúa la pena, entonces te vas a la audiencia, dice la Fiscalía: ‘me ratifico en mi escrito’, la defensa me allana al pedido, se acabó la audiencia”, dijo.
Agregó que esto habilita a un blanqueo discrecional, ya que todo quedará a cargo de la Fiscalía y un Juzgado Penal de Garantía, atentando además contra el “principio de la reprochabilidad, el no someter el caso grave al escrutinio de un juzgado especializado que ahora tenemos, tres jueces que vayan evaluando; el principio de legalidad procesal, el principio de presunción de inocencia”, pudiendo ser atacado de inconstitucional.
Sería inconstitucional
“¿Qué queda si el veto es levantado? Lo que queda esel planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, que sabemos que es caso por caso, y entraríamos en una cuestión muy grave porque esto tiene un grave problema constitucional que es la violación del principio de inocencia”, consideró la diputada Rocío Vallejo en el caso de que el Congreso insista con esta iniciativa.
Para levantar el veto en Cámara de Senadores se requieren 23 votos y en Diputados 41 y hay que ver si se trata antes del cambio de Congreso.