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De no tratarse hoy este riesgoso proyecto de ley, tendrá sanción ficta en la fecha y deberá ser remitido al Ejecutivo sin siquiera haber sido analizado, pese a tener potenciales graves consecuencias para hacer justicia contra criminales en general.
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Actualmente el Código Procesal Penal establece que para acceder al procedimiento abreviado, es decir, no llegar a juicio y evitar la penas más severas, se tendrán en cuenta los delitos con expectativa de prisión de hasta cinco años.
Sin embargo, este proyecto pretende incluso favorecer a quienes hayan cometido crímenes con expectativa de penas privativas de libertad hasta 12 años.
Esto abre la puerta sobre todo a políticos corruptos que hayan cometido hechos como lesión de confianza, que tiene una pena máxima de 10 años, o cohecho pasivo agravado que tiene pena máxima de 10 años.
El otro aspecto grave es que en estos casos, se puede acceder al “procedimiento abreviado” a pedido de procesado y la decisión recaerá en un juez penal de garantías, sin que se analice el fondo de los hechos en un juicio oral y público.
A través del “procedimiento abreviado” ya se favoreció a varios políticos, que a cambio de admitir el delito, lograron evitar penas más graves como es el caso del exdiputado José María Ibáñez (ANR) por el caso “Caseros del Oro” o los procesados por el Caso Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros (primo de Horacio Cartes) e Ilan Grinspun.
Este proyecto figura como sexto punto del orden del día de la fecha y cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, por lo que si no se trata, quedará sancionado y deberá remitirse al Ejecutivo para su promulgación o veto.
En su debate en Comisiones, los dictámenes fueron divididos, sin embargo, la presidenta de Constitucionales, diputada y exfiscal Rocío Vallejo (PPQ) advirtió del peligro de esta iniciativas.