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Con la sanción en la Cámara de Diputados, estará en manos del Ejecutivo la promulgación o veto de este controversial proyecto de ley “que modifica los artículos 420 y 421 de la Ley N° 1286/1998, Código Procesal Penal”, que plantea elevar margen de expectativa de pena de 5 años de privación de libertad o multa a 12 años para solicitar “procedimiento abreviado”, lo que favorecería no solo a procesados por hechos de corrupción, sino también a criminales comunes.
Esto va a favorecer “a todos los hechos punibles graves y ni qué decir a los delitos de cuello blanco” y de promulgarse esta reforma, “todos los casos de corrupción se van a arreglar por procedimiento abreviado”, advirtió la diputada Rocío Vallejo (PPQ), cuyas observaciones fueron ignoradas por una mayoría de sus colegas que terminaron aprobando igualmente la iniciativa.
El proyecto de ley aprobado establece la aplicación del procedimiento abreviado cuando (entre otras cosas), “se trate de un hecho punible cuya expectativa de pena privativa de libertad no supere los doce años de privación de libertad o multa”, que según remarcó Vallejo, es grave, porque abre la puerta a favorecer no solo a corruptos sino a criminales como asesinos y abusadores, y que estos acuerdos se hagan en cuatro paredes entre las partes.
La ley habla de acceder a este beneficio “cuando se trate de un hecho punible, esto significa que puede ser un hecho crimen o un delito”, dijo e insistió: “por ejemplo este procedimiento abreviado se va a poder aplicar por un hecho de homicidio, porque en el homicidio tenemos el marco penal en el 105, inciso 1º, de 5 a 20 años, es decir ¿un homicidio puede tener una expectativa de pena de 12 años?. Sí”.
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Acotó que lo mismo podría pasar con casos de abuso de menores y que se otorga mucho margen de discrecionalidad a los fiscales y jueces, ya que en el procedimiento abreviado no se analizan las pruebas a fondo como en un juicio oral y público, y básicamente se mide la expectativa de pena, a criterio del fiscal y según lo que quiera confesar el procesado.
“El abuso sin coito tiene pena de 4 a 15 años, podría ser aplicado un abreviado en estas condiciones. El problema es que el procedimiento abreviado es un pacto entre el Ministerio Público y la defensa, sin que se someta al grado del análisis del reproche del autor, situación que se da en forma amplia en un juicio”, dijo Vallejo, que durante su exposición fue casi ignorada por sus colegas.
Colorados y llanocartistas, a favor
Los diputados (senador electo) Derlis Maidana (ANR, HC) y su colega (que no logró ingresar al Senado) Édgar Ortiz (PLRA, llanista) alegaron a favor de la iniciativa, diciendo que supuestamente servirá para reducir la sobrepoblación en los penales del país, y llamativamente con argumentos calcados.
“Acá lo que nos vamos a penas menos de 12 años, en cualquier país del mundo existe esta posibilidad de alivianar. En la cárcel, el 75% de los que están, no están condenados y entre el proceso y reproceso sería alivianar la penitenciaría. ¿Por qué queremos ser muy duros con gente con penas leves? No digo si la pena es grave, que se quede”, afirmó Ortíz.
“Nosotros venimos por la aprobación de la versión Senado, en razón de que más del 75% de las personas recluidas no tiene condena y esto va a ser una herramienta que va a lograr descomprimir los procesos penales, disminuir la mora judicial y evitar las extinciones de proceso por duraciones máximas de los mismos, generando en la ciudadanía la sensación de impunidad que como legisladores nosotros no nos podemos abstraer”, dijo por su parte Maidana.