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A través del decreto 9.232, el Poder Ejecutivo objeta totalmente a la ley 7081/2023 que establece un régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio en la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989.
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Algunos de los argumentos presentados en este documento con fecha de hoy, señala que existe un impedimento para precisar las unidades afectadas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y que el proyecto adolece de cierta coherencia jurídica.
También, que se estima una erogación mínima de más de G. 104 mil millones, en base a un cálculo de 1.417 potenciales beneficiarios. Agrega que el gobierno no cuenta con ingresos adicionales para asignar nuevos recursos que provengan del Tesoro.
Menciona que para el ejercicio fiscal del presente año los recursos del Tesoro están acotados. Por ende insta a que el Congreso revise nuevamente esta normativa.