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La iniciativa, que se encuentra en su cuarto trámite legislativo, y tiene sanción automática el próximo 21 de abril, causa especial escozor en los colorados cartistas, que ya no tienen chances de rechazar el proyecto en esta instancia.
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El proyecto plantea que todos los funcionarios públicos presenten una Declaración Jurada de Intereses, donde declaren negocios o intereses propios, de familiares directos y amigos.
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También se establece la obligación de excusarse de atender cuestiones en las que puedan confrontar sus intereses declarados y finalmente, el punto más relevante, establece un periodo de un año por el cual, exministros y otros extitulares de entes que egresen de la función pública no pueden ser contratados por empresas privadas del mismo rubro, para impedir el uso de información privilegiada.
La Cámara de Diputados deberá optar ya nada más por aceptar la versión del Senado o ratificarse en sus modificaciones, que consisten básicamente en que Diputados redujeron el rango de familiares afectados por la ley.
En la versión Diputados, se establece que las disposiciones de la ley afectarán solamente al esposo/a, pareja o cónyuge e hijos mayores de edad, mientras que la del Senado amplía incluso a primos. Cualquiera sea la decisión, el proyecto quedará sancionado y pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto.