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Hace casi un mes, la Cámara Baja no logra cumplir su función básica de legislar a consecuencia de que una mayoría de sus diputados no asisten a las sesiones o se retiran ante la mínima amenaza de debatir o analizar casos de políticos corruptos.
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Es por ello, que ayer se incluyeron 27 puntos en el orden del día, empezando con el proyecto que plantea aumentar a 82 jornales mínimos (G. 8.043.298) la dieta para veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco, proyecto que de no tratarse, tendrá sanción automática el próximo jueves.
Misma fecha de sanción ficta tiene el proyecto de expropiación de un grupo de propiedades para el aeródromo de la ciudad de Villarrica (Guairá).
Por otra parte, también con riesgo de promulgación automática este jueves figura el proyecto con media sanción del Senado que pretende legalizar la extensión del plazo de propagada electoral, con el argumento de que la ley actual es “letra muerta”.
Actualmente el código electoral establece un plazo máximo de campaña electoral de 120 días para las generales y 60 días para las internas (contando retroactivamente desde 48 horas antes de las elecciones), lo cual ahora se pretende inicie desde el momento de la proclamación de las candidaturas.
Otra diferencia con la legislación actual es que se establece una multa de 100 jornales mínimos (G. 962.145.192.100) para los que incumplan estos plazos.
También hay varios proyectos con impacto presupuestario. Entre ellos, se volvió a incluir una ampliación para la Secretaría Nacional de Cultura por G. 15.605.793.550 para la refacción de la iglesia “San Joaquín y Santa Ana”, ubicada en San Joaquín, Caaguazú y la sacristía de la iglesia de “San Buenaventura” de Yaguarón.
Así mismo, una vez más se incluyó el préstamo por US$ 45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para inversión en Salud, que sin embargo es cuestionado haber sido reflotado en época electoral. Este tendrá sanción ficta el 28 de abril si no se trata antes.
También se volvió a incluir el proyecto de ley “que implementa la obligatoriedad de adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de radares con alcance para cubrir y resguardar todo el espacio aéreo nacional”, que consiste básicamente en crear una ley para proveer de recursos al Ministerio de Defensa para la compra de estos equipos, a fin de combatir el auge de narco-avionetas en nuestro país.