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“¿Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura (CM), tuneó su declaración jurada silenciosamente? Ni Cartes se animó a tanto (o no lo logró)”, empezó la serie de tuits que realizó el abogado Jorge Rolón Luna para exhibir la supuesta alteración de datos de forma irregular que habría cometido Jorge Bogarín Alfonso.
Rolón Luna agregó que “el abogado Bogarín logró algo que ni siquiera Cartes consiguió cuando tuvo similares problemas de inconsistencia en sus DD.JJ. Logró modificarlas sin que el sistema informático dé cuenta de ello, o sea sin dejar registros”.
Según el relato del abogado, Bogarín Alfonso estaba siendo acusado de un crecimiento patrimonial descomunal, por lo que modificó sus declaraciones juradas sin dejar registros en el sistema para justificar -a través de sus redes- un ingreso de G. 900 millones que consta en sus DD.JJ. del 2021, en concepto de dinero depositado en una cuenta de ahorro.
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De acuerdo a las declaraciones juradas del miembro del CM, en siete años, sus ahorros en cuentas bancarias y cooperativas crecieron de G. 3.800.000 a prácticamente G. 1.500 millones.
Modificó sus declaraciones sin dejar registro
La modificación refiere que el miembro del CM agregó una aclaración a dicho ingreso que no constaba en sus declaraciones juradas hasta por lo menos el 24 de marzo del 2023. “En fecha 27/03, Jorge Bogarín Alfonso publicó en su cuenta de la red social Twitter una serie de aclaraciones con relación a su crecimiento patrimonial registrado en sus DD.JJ., con el objetivo de justificarlas”, indicó.
“Llamativa es la acotación obrante en su DJ de 2021 con relación a un monto de ¡Gs 900 millones! en un CDA. La explicación: un ‘adelanto de herencia’ de su finada madre (del año 2019, Banco Itaú) y ‘transferido’ en el 2021 a la Coop. de Funcionarios Diplomáticos, por él presidida”, prosiguió.
“La DJ que Bogarín utilizó en Twitter para justificar algo más de Gs. 900 millones como ‘adelanto de herencia’ era, aparentemente, la misma que aparecía en ese mismo momento en la web de la Contraloría (y sigue apareciendo). Pero, algo no encajaba. Efectivamente, la descarga de la DJ de Bogarín del 24 de marzo que aquí mostramos no contenía “aclaración” de los Gs 900 millones como ‘un adelanto de herencia’. Ahora, varios días después, “aclaración” aparecía sin que el sistema lo registre como modificación. Alguien la metió”, agrega.
Rolón Luna explicó que una modificación de las declaraciones juradas debe figurar en el sistema como una rectificación de las mismas, la cual no es irregular, pero en el caso de Bogarín Alfonso se modificaron los datos, pero sin dejar registro como debería haber sido. Citó como ejemplo el caso del expresidente Horacio Cartes, quien rectificó sus DD.JJ. cuando se descubrió que contaba con una “offshore”.
“Así, sin dejar rastros la DJ disponible hasta el 24/03 había desaparecido, a pesar de conservar el mismo número y la misma fecha de recepción. Es decir, el documento anterior fue modificado, pero se le asigna mismo número y fecha, sin dejar trazas de una rectificación”, denunció el abogado.
Jorge Bogarín Alfonso: exigen investigación en Contraloría y Fiscalía
Ante esta situación, el denunciante refiere que la Contraloría General de la República (CGR), ente regulador de las declaraciones juradas, debe iniciar un sumario interno para verificar cómo Bogarín Alfonso habría logrado modificar sus datos sin dejar registros. “Sé lo que usted está pensando. Una maniobra informática tan sofisticada no puede hacerse así, unilateralmente. Parece obvio que necesariamente se requiere de cómplices dentro de la Contraloría (para acceder al sistema y borrar huellas de la modificación). ¿Cómo logró eso Bogarín?”, expresó.
También señala que, en caso de confirmarse de la alteración irregular, se trataría de una acción de mala fe por parte de Bogarín Alfonso para “ocultar” dinero, por lo que no debería ser más parte del Consejo de la Magistratura (CM), del cual el acusado se niega a renunciar.
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Rolón Luna, asimismo, señaló que esto remarca la presunción de que el miembro con permiso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) -como es acusado- era parte de un sistema de aprietes y recaudación.
Además, exige una investigación por parte del Ministerio Público. “En Contraloría no debería demorar un sumario interno para averiguar lo ocurrido y deslindar responsabilidades mediante una pericia, ya que, como sabemos, toda manipulación de un sistema informático deja sus huellas. Tampoco puede posponerse una investigación del Ministerio Público”, remató
