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Los funcionarios del Poder Judicial de San Pedro Vicente Ferreira Rodríguez (sancionado por Estados Unidos junto a su amigo y miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso), Diego Rodrigo Ozuna Candia y Mónica Elizabeth Gaona González habían logrado su sobreseimiento en el proceso abierto por el Ministerio Público por la supuesta producción de documentos públicos de contenido falso. Estos habían sido denunciados en el año 2019 por la misma Fiscalía, por supuestamente falsear la entrega de documentación en un brutal caso de abuso sexual en niños, coacción y violación.
La carpeta de investigación fiscal sobre el abuso evidencia que la consignación de los datos aparentemente falsos en el acta de movimientos de expedientes judiciales, habría favorecido al ahora condenado abusador a obtener respuesta favorable a uno de sus pedidos en la apelación general presentada por sus abogados defensores. Ese recurso no pudo ser estudiado en un principio por la fiscal, entonces interina de San Pedro, Fany Aguilera, por la no remisión del expediente principal del caso.
Los pedidos
Los defensores del ahora condenado abusador identificado con las iniciales DLF habían presentado el 4 de enero de 2019 una apelación general contra el AI (Acto Interlocutorio) N° 525 del Juzgado Penal de Garantías de San Pedro, del 28 de diciembre de 2018, sobre la revisión de medidas cautelares. En su escrito los abogados solicitaban la revocatoria de la prisión preventiva de DLF o bien su traslado de la Penitenciaría Regional de Villarrica a la cárcel de San Pedro.
DLF había sido denunciado el 12 de junio de 2018 por su expareja y madre de su hijastra MEG. La menor sufrió el abuso desde los 12 años e incluso producto del deleznable hecho quedó embarazada en dos ocasiones, según pudo comprobar el ahora ya fallecido fiscal de la Unidad 2 de San Pedro, Jorge López Lhoman, durante el juicio oral y público.
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López Lhoman, precisamente, durante el desarrollo investigativo, había solicitado la pisión preventiva de DLF en la Penitenciaria de San Pedro. Sin embargo, debido a las amenazas que recibían tanto la víctima como su madre por parte del denunciado exconcubino, realizó las comunicaciones pertinentes y consiguió el 18 de diciembre de 2018, por disposición del juez de San Pedro, Edgardo Martínez, el traslado de DLF a la cárcel de Villarrica.
Los abogados de DLF solicitaron revocar esa resolución, a la cual se oponía en forma rotunda el Ministerio Público. Sin embargo, la falta del expediente principal hizo que la entonces fiscal interina Fany Aguilera no pueda responder en tiempo y forma, por lo que pasó por dilaciones concluyendo el 8 de febrero de 2019 con el AI N° 14 del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunscripción Judicial de San Pedro, que resolvió: admitir el recurso de apelación de los profesionales, además de confirmar la prisión preventiva de DFL, pero, se revocaba la disposición de reclusión en Villarrica y se ordenaba su traslado nuevamente a San Pedro.
Sin perjuicio, dijo
El funcionario judicial Diego Ozuna había reconocido que el Poder Judicial no remitió el expediente principal del proceso de abuso, al Ministerio Público, pero se defendió diciendo que la Fiscalía consiguió una reposición del plazo, “desapareciendo cualquier posibilidad de perjuicio para el órgano persecutor”. Sin embargo, el abusador - condenado el 24 de febrero de 2020 a 18 años de cárcel- regresó al acecho de sus víctimas. Lo cierto es que el fiscal de este caso, Jorge López Lhoman, terminó destituido el 11 de noviembre de 2021 luego de imputar al amigo de Bogarín, Vicente Ferreira.