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ABC accedió a la voluminosa carpeta de investigación del Ministerio Público que se abrió en el año 2019 por la aparente producción de documentos no auténticos y por la cual fueron imputados los funcionarios judiciales Vicente Andrés Ferreira Rodríguez (sancionado por Estados Unidos y amigo del miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso), Diego Rodrigo Ozuna Candia y Mónica Elizabeth Gaona González. Estos habrían consignado falsamente la entrega a la Fiscalía de documentación en una causa sobre abuso sexual en niños, coacción y violación, según la denuncia realizada el 10 de enero de ese año por la agente Fany Aguilera.
Aguilera, titular de la Unidad 1 de la Fiscalía de San Pedro -pero entonces interina por la feria judicial-, radicó la denuncia luego de intentar analizar un recurso de apelación presentado por los abogados defensores de una persona entonces procesada por abusar de su hijastra. La fiscal se percató -al querer dar trámite a la solicitud- de que el Juzgado del Tercer Turno de la Circunscripción Judicial de San Pedro remitió al Ministerio Público solo el pedido de los profesionales, consistente en ocho fojas, y no así el expediente principal del caso.
Esta situación imposibilitaba el estudio del recurso, por lo que la representante de la Fiscalía pidió la reposición del plazo de contestación atendiendo la gravedad del caso de abuso sexual y para evitar que el entonces procesado obtenga medidas alternativas a la prisión.
Sin embargo, para sorpresa de Aguilera su solicitud fue rechazada por el juez Néstor Ramón Arévalos por improcedente debido a que en su argumentación decía que el Ministerio Público fue notificado en debida forma y el expediente judicial principal se entregó a una funcionaria fiscal identificada como Ovidia Cubilla, hecho que no ocurrió, denunció la agente Aguilera.
La presunta adulteración
La carpeta de investigación fiscal evidencia que tanto la fiscal de la Unidad 1 de San Pedro, Fany Aguilera, como la asistente de la Unidad 3 de esa misma ciudad, Ovidia Cubilla -pero ambas interinas- confrontaron a los funcionarios judiciales por la presunta adulteración del acta de remisión de documentos del Poder Judicial al Ministerio Público.
Ferreira Rodríguez y Ozuna Candia reconocieron que el expediente judicial principal no había sido remitido al Ministerio Público, incluso Vicente Ferreira reconoció que esa observación no podía agregarse en el A.I. (Auto Interlocutorio) porque la defensa del procesado por abuso sexual en niños podría denunciarlos, según la declaración testifical de la funcionaria Ovidia Cubilla y recolectada el 14 de enero de 2019 ya entonces por el asistente Aldo Andrés Díaz Romero de la Unidad 2 de la Fiscalía de San Pedro, a cargo de la agente María Dominga Benítez Sanabria.
En la oficina de Benítez Sanabria, precisamente, había caído la denuncia de su colega Fany Aguilera, que en principio era contra personas innominadas, pero como la fiscal Benítez Sanabria estaba de vacaciones, el avance del proceso estaba a cargo del agente interino.
Aparece López Lohman
Una vez que Fany Aguilera cumple sus funciones de fiscal interina asume para completar el periodo de feria judicial el fallecido agente Jorge López Lohman, que para entonces estaba a cargo de la Unidad 3 de San Pedro. López Lohman para dar un avance al proceso penal durante la feria -y atendiendo que era un caso grave de abuso sexual en niños y más aún que el después condenado abusador podía quedar en libertad- verifica la carpeta investigativa.
Existiendo la declaración testifical de la funcionaria Ovidia Cubilla, con la identificación de los supuestos funcionarios que habrían cometido el hecho punible procede, cumpliendo con su obligación de fiscal interino, a solicitar la ampliación de la carátula como también presenta el 25 de enero de 2019 la imputación contra los funcionarios judiciales Diego Rodrigo Ozuna Candia, Vicente Andrés Ferreira Rodríguez y Mónica Elizabeth Gaona González por la supuesta producción de documentos no auténticos.
La imputación es admitida el 4 de febrero de 2019 -ya terminada la feria judicial- por el entonces juez penal de San Pedro, Edgardo Martínez. El magistrado inmediatamente comunica a la fiscala María Dominga Benítez Sanabria, en cuya Unidad 2 de San Pedro, estaba la denuncia desde el 10 de enero de 2019.
Fiscales retornan a unidades
El cuaderno de investigación del Ministerio Público evidencia que una vez concluido el periodo de vacaciones cada representante del Ministerio Público asume nuevamente la titularidad de sus respectivas oficinas. La fiscal María Dominga Benítez Sanabria regresa a la Unidad 2 y analiza la denuncia como también la admisión de la imputación contra los funcionarios judiciales, percatándose que existía una “amistad íntima” con los familiares de uno de los imputados, específicamente Diego Ozuna, por lo que solicita su inhibición en la causa.
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Tras este pedido, el caso recae en la Unidad 3 que para entonces ya estaba a cargo del fallecido fiscal Jorge López Lohman. Este último igualmente presenta su inhibición porque la funcionaria Ovidia Cubilla, testigo principal, trabajaba en su oficina y podría tener acceso a la carpeta investigativa.
Luego de las inhibiciones de Benítez Sanabria y López Lohman, el proceso pasa a la Unidad 1 a cargo de Fany Aguilera quien había realizado la primera denuncia por la supuesta producción de documentos no auténticos. Esta última atendiendo ese antecedente también solicita su inhibición para atender el proceso, por lo que la investigación finalmente es redirigida a la Unidad 1 de la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray (Dpto. de San Pedro), a cargo del fiscal Jorge Encina Alder.
Sobreseimiento y denuncia al JEM
Confirmado Encina Alder para entender en la causa, el Ministerio Público comienza a realizar diligencias entre ellas la declaración indagatoria de los funcionarios imputados y una pericia caligráfica. En el testimonio recolectado al funcionario judicial Diego Ozuna se puede leer que efectivamente el Juzgado de San Pedro no remitió el expediente principal en el proceso, pero, como defensa ensayó que la Fiscalía había apelado la medida del juez de feria Néstor Ramón Arévalos y el 18 de enero de 2019 consiguió una reposición del plazo para analizar el recurso presentado por el procesado por abuso sexual en niños.
Con esta resolución desapareció cualquier posibilidad de perjuicio para el órgano persecutor, se defendió Diego Ozuna, uno de los funcionarios judiciales imputados.
Finalmente los tres procesados consiguieron su sobreseimiento en este caso. Sin embargo, Vicente Ferreira igualmente presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados(JEM) contra los fiscales Fany Aguilera -quien lo denunció- y Jorge López Lohman -quien lo imputó- por supuesto mal desempeño en sus funciones.
El resultado fue la destitución del agente López Lohman el 11 de noviembre de 2021 con el voto preopinante de Jorge Bogarín Alfonso, amigo de Ferreira, y los votos del senador colorado Enrique Bachetta, el diputado liberal Rodrigo Blanco, el diputado colorado Hernán Rivas y el senador liberal Fernando Silva Facetti. Votaron por la absolución el ministro de la Corte, Luis María Benítez Riera y Mónica Seifart, mientras que por apercibimiento fundamentó el ministro Manuel Ramírez Candia.
Por su parte, la agente Fany Aguilera terminó siendo trasladada de la Fiscalía Zonal de San Pedro.
Abusador fue condenado
El proceso de coacción, abuso sexual en niños y violación, el cual casi sufrió un perjuicio por la consignación por parte de funcionarios judiciales de datos aparentemente falsos, finalmente, consiguió la condena a 18 años de cárcel del principal acusado, el 24 de febrero de 2020. El tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Agapito Núñez, Karina Von Tumpling y Rodney Rejalaga. El fiscal acusador fue el fallecido Jorge López Lohman.