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El exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (cartista), junto a otros dos acusados por el momento, deberá afrontar juicio oral y público por el daño patrimonial de G. 5.105 millones del fondo covid-19, que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación de Central en diciembre de 2020 para la reactivación económica durante la pandemia del coronavirus y se trataba de un recurso con el cual se debió generar fuentes de trabajo. La medida del juicio oral fue resuelta por el juez especializado Humberto Otazú.
Las otras personas acusadas son: Lourdes Verónica Decoud, ex secretaria general de la Gobernación, y Modesta Escobar Valiente, exsecretaria que cumplía labores en la Dirección de Administración y Finanzas de la institución departamental.
Hugo Javier estuvo presente en la audiencia preliminar en compañía de su abogado Fausto Portillo. Llamativamente, no presentaron ningún tipo de incidente pero sí ofrecieron pruebas y testigos en defensa del exgobernador.
El magistrado resolvió elevar la causa a juicio oral y público en referencia a Hugo Javier y las exfuncionarias Lourdes Decoud y Modesta Escobar. También el Juzgado se ratificó en la medida cautelar de arresto domiciliario para el exgobernador de Central.
Caso Hugo Javier: puntos más destacados
Entre los detalles más destacados, el juez Humberto Otazú manifestó que el Ministerio Público se ratificó en su versión de los hechos y planteó la inclusión de elementos probatorios como la declaración de Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), como testigo.
El Juzgado corrió traslado a lo solicitado por el fiscal Rodrigo Estigarribia y determinó hacer lugar a la inclusión del testimonio del procesado beneficiado con una salida procesal.
Los hechos punibles investigados son: lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. El Ministerio Público sostiene que el total del dinero no fue ejecutado en base a los dos proyectos genéricos que presentó la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), entidad beneficiada con la millonaria transferencia de G. 5.105 millones.
Los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, concluyeron que dentro de la Gobernación de Central se creó un “esquema delictivo” con el fin de desviar el recurso que fue desembolsado por el Ejecutivo.
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