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El fiscal Rodrigo Estigarribia quien hoy consiguió que la justicia eleve a juicio oral la causa que investiga el daño patrimonial de 5.105 millones de guaraníes del fondo covid-19, administrado por el ex gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. Estigarribia explicó el papel que tendrá uno de los involucrados quien será testigo de la acusación.
Se trata de Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), quien fue condenado por la misma investigación de las facturas clonadas que fueron rendidas por la administración de Hugo Javier, pero que habría sido beneficiado en cuanto a la medición de su pena, por su colaboración como testigo de la fiscalía.
El fiscal explicó que esta persona admitió los hechos, y se le otorgo una condena de un año con suspensión de la ejecución de la pena, aunque se le impusieron una multa de más de cien millones de guaraníes, además de otras prohibiciones, como la de ejercer cargos públicos o de votar.
En cuanto a la calidad de su testimonio, Estigarribia señaló que el mismo tuvo conocimiento directo de los hechos, además de que lo que señale será acompañado por pruebas objetivas que deberán ser evaluadas por el tribunal.
Expectativa de pena de hasta 15 años para Hugo Javier
El fiscal Estigarribia explicó que en la causa contra Hugo Javier González se investiga el concurso de cuatro hechos punibles: lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, además de declaración falsa.
Estigarribia explicó que la pena más elevada de esos delitos es de hasta diez años, el tribunal tendrá la facultad de elevarla hasta la mitad de ese tiempo, por lo que el ex animador se expone a ir a prisión hasta por 15 años.
Esta es una de las dos causas que investigan supuestos hechos de corrupción cometidos por la administración de Hugo Javier González, donde el perjuicio ocasionado a la población centralina es de 5.105 millones de guaraníes del fondo destinado a la lucha contra la pandemia por el covid-19.
Según la fiscalía se habrían constatado la utilización de facturas adulteradas, de personas que no estaban en el país, facturas de funcionarios de la gobernación, además de obras preexistentes para explicar el destino de ese dinero.
