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Una de las decenas de denuncias existentes contra el intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez (colorado cartista) son las construcciones iniciadas pero no concluidas, principalmente en instituciones educativas, como en la escuela “San Isidro Labrador” de la colonia Andrés Barbero.
El establecimiento escolar está ubicado a 47 km del microcentro de la capital del departamento de San Pedro. Cuenta con 80 alumnos desde el preescolar hasta el noveno grado, quienes estudian bajo árboles y en un aula no terminada, producto de la corrupción.
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La Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, durante el mandato de Rodríguez (ANR), comenzó la edificación, pero quedó inconclusa e hizo constar en los documentos que ya está finalizada y lista para usar, y a un excesivo precio.
“Un aula figura con costo de 108 millones de guaraníes. Nos enteramos mediante la denuncia de la ciudadanía que figura como culminada, pero ya ven como está, y los alumnos siguen estudiando bajo árboles, sin las mínimas condiciones”, dijo la directora, profesora Zunilda Ibarrola.
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Recordó que en el invierno anterior pudieron mitigar el frío mediante fogatas.
El año pasado comenzó a caer el techo de un viejo pabellón de tres aulas. La comunidad educativa remitió notas con pedidos de auxilio a la Municipalidad, a la Gobernación y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero ante la falta de respuestas decidieron clausurar ese sector.
Ante las publicaciones de la prensa sobre la situación de la escuela, el MEC envió a un arquitecto al sitio, quien recomendó no utilizar más el pabellón. La cartera de Estado prometió pronta acción para mejorar las condiciones en la institución, pero todo siguió igual.
No tienen acceso a Internet ni a biblioteca. Cuando llueve los niños estudian bajo carpas y si hace calor se refugian bajo árboles.
Jefe comunal sería destituido hoy
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La administración de Gustavo Rodríguez puede ser catalogada como una de las peores del país. La Contraloría General (CGR) reportó que él no justificó el uso de más de G. 3.500 millones, en tanto que la intervención concluyó que hubo un daño patrimonial de G. 18.000 millones. Aquel está imputado por presunta lesión de confianza y hoy la Cámara de Diputados trata el pedido de su destitución del cargo.