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En su experiencia como juez, Gustavo Santander, contó que atendió al menos 6 casos de extradición. El último caso en el que integró, fue en la Corte Suprema de Justicia, con el caso Nicolas Leoz.
“Un proceso de extradición es largo por eso es un proceso. Tienen que ingresar un juez de garantía que debe resolver, estudiar la medida, el arresto de la prisión de un extraditable, después resolver el fondo de la cuestión”, relató.
Dijo que en el caso de Leoz, se presentó contra su resolución de la Sala Penal una acción de inconstitucionalidad, contra lo que dice la ley, considerando que las decisiones de las salas son irrecurribles.
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“No tengo inhibición de ningún abogado, por lo tanto estoy habilitado a entender cualquier caso que se presente”, agregó.
Publicidad de cuadernos de magistrados
Santander dijo que una de sus propuestas es publicitar los cuadernos internos de los magistrados y ministros de la Corte Suprema de Justicia. “El cuaderno interno es un cuaderno donde consta que el magistrado recibió el expediente y en que fecha y a que hora en la que expidió una resolución”, expecífico.
Por otra parte, habló del negocio de la admisibilidad. Explicó que el mismo se da debido a que en la oficina de admisibilidad, que en realidad no existe, hay un retardo para que los ministros de la Sala Constitucional puedan admitir o no una acción o excepción. “Eso provoca el empoderamiento de los magistrados”, enfatizó.
Dijo que el ministro necesita actuar personalmente en la verificación de los requisitos de admisibilidad, para que el funcionario no sea el que al final resuelva. “Si se deja en manos de los funcionarios se puede prestar a pedidos”, refirió con relación a las coimas que se suelen dar en estos tipos de casos.
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Contó que el año pasado, entraron en la sala constitucional 3.166 casos, de los cuales se resolvieron solo 843 casos, por tanto 2.300 casos quedaron pendientes y se acumulan otros. “Un actuario no puede gerenciar solo esa cantidad, lo que presta a que cuando no se agilizan los procesos, la gente venga a ofrecer “ayudas””, afirmó, considerando además el 70% de pedidos se rechazan in limine, es decir, sin estudiarlas.