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De acuerdo al análisis “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″, hecho por la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Paraguay no implementó efectivamente la ley que establece sanciones penales por corrupción a funcionarios públicos.
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Se detalla los cientos casos de malversación de fondos, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación delictiva que fueron denunciados mediante los medios de comunicación; sin embargo, las investigaciones desde el Ministerio Público, en ese entonces en manos de Sandra Quiñónez, procedieron con lentitud.
“Las investigaciones y acusaciones de corrupción del Ministerio Público por lo general procedieron con lentitud y tardaron varios años en llegar a un veredicto en los tribunales”, resalta el estudio.
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Denuncian además que políticos y personas influyentes condenados en tribunales inferiores evitaban la condena al presentar apelaciones y mociones o solicitar con éxito la destitución o suspensión de jueces y fiscales. Así lo hacían hasta el plazo de cuatro años, límite de tiempo para los casos judiciales.
Menciona también algunos casos ocasionales de condenas por corrupción de funcionarios públicos, pero que son de nivel bajo y medio. “Los funcionarios públicos de alto rango disfrutaron de un alto grado de impunidad”, destaca el estudio.
El texto también indica la politización y la corrupción que permea en todo el Poder Judicial, particularmente en los tribunales inferiores y las oficinas regionales.
Impunidad “endémica” entre funcionarios
El Departamento de Estado de Estados Unidos califica la impunidad de funcionarios públicos de alto nivel en Paraguay como “endémica”. A pesar de que la prensa denuncia los casos de exministros, intendentes, gobernadores, los funcionarios evitaron ser procesados por corrupción y otros delitos, según el informe.
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“Al 17 de octubre, los casos de corrupción de alto nivel no resueltos incluían a cuatro exministros de administraciones anteriores, dos exministros de la administración actual, tres exmiembros del Congreso y siete actuales, un exfiscal general, tres exgobernadores y un exjuez de la Corte Suprema justicia”, contabilizó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Resaltó también el caso del Defensor del Pueblo Miguel Godoy, quien renunció a su cargo ante un posible juicio político. El mismo fue denunciado por el cobro indebido de honorarios de aproximadamente G. 440.000 de cada uno de los 4.000 objetores de conciencia para evitar el servicio militar obligatorio del país. También enfrentó acusaciones de acoso sexual y violaciones de la ley laboral.
Actualmente Paraguay está bajo la lupa estadounidense ante las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al exmandatario Horacio Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez.