La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022, en un apartado sobre el Paraguay y el respeto a las libertades civiles, menciona que políticos y autoridades utilizaron las leyes sobre difamación y calumnia contra periodistas como represalia por publicaciones en contra de ellos.

Como ejemplo de estas prácticas lamentables contra la libertad de expresión que cometieron políticos mencionaron el caso de la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Marta González, quien -“afectada” por publicaciones en su contra- demandó al diario ABC Color.

“La calumnia y la difamación son delitos penales y tales leyes generalmente se hicieron cumplir. En ocasiones, figuras públicas individuales utilizaron estas leyes para restringir el debate público o tomar represalias contra periodistas u opositores políticos”, señala el informe de los Estados Unidos.

“La exviceministra de Hacienda Marta González Ayala continuó con dos demandas por supuesta difamación contra el importante medio de comunicación ABC Color después de que informara ampliamente sobre las acusaciones de corrupción en su contra”, prosigue.

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Juicios contra la libertad de prensa y para censurar a periodistas

González Ayala y su esposo Jacinto Santa María habían presentado dos querellas, molestos por publicaciones de ABC Color que partieron de las denuncias de Juan Báez, un modesto poblador de la zona de Mbatoví, departamento de Paraguarí, que acusó al matrimonio de intentar despojarlo de su inmueble.

En la mencionada causa, la Justicia absolvió al periodista Juan Carlos Lezcano y a la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo.

Sin embargo, en forma paralela y en otro juicio relacionado a una causa de querella por difamación que fue impulsada por la titular de Tributación, el ahora jubilado juez Wilfrido Peralta emitió un aberrante fallo contra el diario ABC Color y la directora del medio ante publicaciones realizadas en contra de un contrato para la actualización del sistema tributario, cuando González Ayala era titular de la SET. Esta resolución fue calificada de censura por organizaciones dedicadas al control democrático.

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El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos también resaltó la endémica impunidad de los funcionarios del gobierno y la lentitud de las investigaciones de los altos funcionarios públicos por los hechos de corrupción.