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Mediante resolución N° 15/2023 del 18 de marzo último, el jefe del Departamento de Control de Automotores, comisario principal Cristian Amarilla, dispuso el cierre de la oficina regional N° 2 Caaguazú, con asiento en la ciudad de Coronel Oviedo. La determinación se tomó luego de la denuncia realizada por Flaminio Aguirre, una de las víctimas de clonación de vehículos sobre la supuesta venta de una constancia de verificación del rodado ilegal por G. 9 millones.
El estafado, oriundo del distrito de J. Eulogio Estigarribia (exCampo 9) había relatado días atrás a ABC cómo perdió G. 130 millones al comprar una camioneta Toyota Hilux, año 2007 con documentación apócrifa. Según la víctima, entregó un vehículo de su propiedad más G. 80 millones en efectivo para retirar ese rodado. Para dar legalidad a su adquisición firmó un contrato privado de compraventa, cuya protocolización se realizó en la escribanía (en Asunción) de Julio Cáceres Carrillo, un nombre que aparece en otros relatos de supuesta clonación de documentos de vehículos.
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La víctima recordó que todo el negocio cerró con una persona que luego logró conocer su identidad real y era Augusto David Haseitel Almirón, un conocido presunto clonador y con un cúmulo de antecedentes por apropiación en el año 2018 y por homicidio culposo, estafa y producción de documentos no auténticos en 2016. También por estafa en 2015, 2013, 2011, 2009, así como por apropiación en 2012 y 2014.
El afectado relató que todo parecía legal, incluso realizó su viaje de regreso en camioneta sin problema alguno en el trayecto. Sin embargo, no pasó una semana cuando supuestos efectivos policiales de Control de Automotores de esa zona “lo eligieron” para una verificación de rutina para luego ofrecerle una “solución”, previo pago de G. 20 millones, luego reducido a G. 9 millones.
Al estafado se le entregó una supuesta constancia de verificación del vehículo ilegal, similar a la que ya se hizo viral en el caso de la auxiliar fiscal Claudia Guillén. Sin embargo, con algunas llamativas diferencias en cuanto al punto de expedición y sellos de la Policía.
“El primer interesado”
El comisario Amarilla señaló ayer que la medida es por tiempo indefinido, ya que a la par del cierre se inició una investigación de Asuntos Internos de la Policía. Señaló que los 9 uniformados que estaban asignados en dicha oficina regional fueron trasladados a la jefatura central para una reasignación de funciones.
El jefe policial afirmó que él es el primer interesado en la investigación de las denuncias y su objetivo es desbaratar la presunta rosca dedicada a la clonación de vehículos, sin encubrir a nadie. Aseguró que desde su designación en el cargo, en noviembre del año pasado, es la primera denuncia concreta sobre un supuesto hecho en el que se involucra al personal a su cargo.
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Reconoció que conforme aparecen más denuncias de clonación, al parecer todo apunta a que existe una pro-forma para la expedición de falsas constancias de verificación de vehículos ilegales.
Relatos de un “modus operandi” repetitivo
El Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional -por el momento- dispuso el cierre de la oficina regional de Caaguazú, con asiento en Coronel Oviedo ante las denuncias de clonación de documentación de vehículos. Sin embargo, la decena de relatos hasta ahora recogidos por ABC y provenientes de diferentes puntos del país hablan de un repetitivo “modus operandi” donde uniformados aparecen con una decisiva intervención.
La mayoría de las víctimas coinciden en identificar a Augusto David Haseitel Almirón, como el presunto vendedor de los rodados ilegales y con quién cerraron los tratos. Haseitel Almirón, sin embargo, no aparece en los documentos porque siempre utiliza a otras personas haciéndolas pasar como su hermano, secretario, amigo o usa una identidad falsa, según los relatos.
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Los estafados comentaron que una vez que descubren la identidad real de Haseitel Almirón y comienzan a realizar reclamos sobre los documentos o la estafa, llamativamente, aparecen en “escena” los efectivos policiales, en preferencia de Automotores, con sus controles de “rutina”. Estos, en muchos casos intimidan a las víctimas de la estafa amenanzándolas, según las denuncias, con comunicaciones al Ministerio Público para dar apertura a procesos por supuesta reducción.
Algunos afectados, que llegaron a enfrentar los procesos penales fiscales, relataron las peripecias que pasaron para demostrar su inocencia. Sin embargo, pese a las pruebas documentales, los denunciados no son procesados y gozan de total impunidad. En el caso de Haseitel Almirón, este se ufanaría de que nadie podrá contra él porque goza de una supuesta protección en las altas esferas policiales y judiciales, de acuerdo con las denuncias.