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Los relatos de víctimas de la clonación de documentación de vehículos no pararon desde la aparición del caso de la auxiliar fiscal Claudia Guillén, en cuyo poder se encontró una camioneta robada en el Brasil, pero con chapa presuntamente apócrifa. A partir de esa situación, varios afectados coincidieron en los datos, incluso en identificar a uno de los supuestos integrantes de la rosca que opera ese negocio.
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Se trataría de Augusto David Haseitel Almirón, conocido presunto “clonador” de vehículos y con un cúmulo de antecedentes por apropiación en el año 2018 y por homicidio culposo, estafa y producción de documentos no auténticos en 2016. También por estafa en 2015, 2013, 2011, 2009, así como por apropiación en 2012 y 2014.
Haisetel es nombrado en las denuncias de estafados en Coronel Oviedo y J. Eulogio Estigarribia (exCampo 9). En estos dos casos, también se nombra al escribano Julio Cáceres Carrillo como el encargado de la protocolización de los contratos privados de compra-venta.
Este notario es el mismo que apareció supuestamente expidiendo una constancia de cédula verde en trámite al padre de la funcionaria del Ministerio Público, Ramón Guillén.
¿Un protegido?
Otras víctimas de clonación de vehículos, al escuchar los casos ya públicos, se animaron a contar también sus historias y coincidentemente el apellido común es Haseitel. Un estafado que pidió no ser identificado, pero facilitó los documentos, relató el calvario que vivió desde que buscó comprar un rodado por las redes sociales allá por el año 2021.
Para su desgracia -dijo- contactó con un perfil en el cual le ofrecieron una camioneta Toyota Fortuner, año 2011 por G. 115 millones. El afectado que entonces había vendido otro vehículo confió en la oferta y cerró el trato con Haseitel, que en todo momento había utilizado una identidad falsa, rememoró.
Recordó que, sin problemas, utilizaba el vehículo hasta que transcurrido unos diez meses empezó a insistir con la transferencia definitiva. A partir de ahí, empezó a sufrir todo tipo de peripecias hasta quedar sin el rodado debido a que, bajo artilugios, le entregó de vuelta a Haseitel, quien prometió devolverle su dinero, cosa que nunca cumplió, señaló.
El estafado relató que una vez con todos los documentos de la estafa que sufrió denunció en la Fiscalía Zonal de Capiatá, coincidentemente feudo del presunto clonador; sin embargo, hasta la fecha no lo llamaron siquiera para una ratificación
“No van a poder contra mí, rey”
Otro estafado por Haseitel -que pidió la reserva de su identidad- recordó también los problemas que pasó al comprar una Toyota Hilux, a finales del año pasado. Señaló que adquirió el vehículo por unos G. 200 millones, entregando como parte de pago dos rodados y dinero en efectivo.
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La víctima comentó que los incidentes en su contra comenzaron escasos días después de comprar la camioneta. Sufrió un arresto policial e incluso un proceso fiscal por reducción para luego demostrar con documentos cómo fue estafado por el presunto clonador.
Lo llamativo es que pese a las pruebas y la causa abierta por el Ministerio Público en contra de Haseitel, este último, logró levantar todas las medidas judiciales solicitadas. El supuesto estafador a partir de entonces amedrenta a la víctima ufanándose de una protección policial-judicial y diciendo: “No van a poder contra mi, rey”.
Un “negocio” con muchos aspectos muy llamativos
El “negocio” de venta de vehículos con documentación clonada reveló aspectos muy llamativos y salpica cada vez más a la Policía Nacional. En dos casos aparecieron supuestas constancias de verificación expedidas por la inexistente -según la Policía- “sección Automotriz y afines”- del Departamento de Control de Automotores.
Lo llamativo es que una de las constancias, aparentemente, se emitió en Lambaré, con un sello que indica la Jefatura y una firma sin aclaración. En otro documento, en tanto, la expedición supuestamente se realizó en Coronel Oviedo, con sello de la Jefatura Regional de esa zona y otra rúbrica muy distinta.
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La cuestión grave es que, con la aparición de la supuesta constancia emitida en Coronel Oviedo, la víctima denunció el pago de G. 9 millones a los propios uniformados.
Autoridades del Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional, en un primer momento, hablaron de la falsedad de la primera constancia hecha pública e incluso explicaron que verificaciones o inspecciones de rodados solo se realizan por pedido de la Justicia. Curiosamente, en el caso de la segunda documentación no emitieron más aclaración.
Por otro lado, ABC ayer intentó también hablar con el escribano Julio Cáceres Carrillo, que hasta ahora aparece en tres denuncias, pero no atendió las llamadas realizadas a su teléfono celular.