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En una conferencia de prensa este jueves, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló de su decisión de anular los nombramientos hechos por su predecesora Sandra Quiñónez en las semanas previas al cambio de administración en el Ministerio Público y habló de las dificultades que su nueva administración encarará al arranque de sus tareas.
El fiscal general Rolón, quien ayer anunció que dejaba sin efecto los nombramientos hechos por Quiñónez entre diciembre de 2022 y el 8 de marzo pasado, calificó de poco atinada la decisión de la ex fiscal general Quiñónez de realizar un alto número de cambios en recursos humanos en vísperas de la asunción de una nueva administración, sin ningún esfuerzo por coordinar acciones con el fiscal general entrante.
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El titular del Ministerio Público dijo que luego de su designación en diciembre se dio “un número ínfimo” de nombramientos. Sin embargo, agregó, ese número aumentó “inmensamente” en febrero, con más de 200 designaciones solo ese mes y hasta el 8 de marzo, día previo al cambio de administración.
“Se coparon todos los cargos presupuestarios, con muy poco tino”, dijo el fiscal general, calificando de “inaudito” que “en vísperas de una cesación (de la administración de Quiñónez) se llenen todos esos cargos sencillamente para perjudicar la buena marcha” de la siguiente administración.
A causa de esos nombramientos, continuó, la nueva administración tiene poco margen de movimiento para ocupar los presupuestos y vacancias con gente de confianza.
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“Si la administración (de Quiñónez) tenía fecha de vencimiento, lo menos que se podía hacer es coordinar esto”, opinó Rolón. “Me pidieron casos emblemáticos, imputaciones selectivas y no puedo ocuparme porque primero tengo que tener gente que pueda trabajar conmigo. No tengo espacios, rubros, presupuesto, tengo que hacer malabarismos para que esto se mueva hacia adelante”, agregó.
“Me parece inadecuado y falto de inteligencia turbar el camino cuando se tenía claro que habría un cambio”, reiteró, agregando que constantemente se ofreció para “hacer una labor de transición coordinada” en los meses pasados, ofrecimiento que “nunca recibió respuesta” de su predecesora.
Si bien dijo desconocer el impacto económico de esas decisiones de último momento de la ex fiscala general Quiñónez, indicó que se resiente el “obstáculo al trabajo” que suponen.
Asistentes fiscales entraron “de prepo”
El fiscal general Rolón señaló que después del último concurso para asistentes fiscales, realizado en 2020, no hubo designaciones. Sin embargo, desde diciembre del año pasado ingresaron 59 asistentes fiscales sin concurso.
“Se los introdujo casi ‘de prepo’”, enfatizó, indicando que eso “se va a corregir” y que se están preparando nuevos concursos “para ocupar esos cargos por las vías legales”.
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En otro sentido, el fiscal general Rolón señaló que, más allá de la persecución penal, el Ministerio Público tiene otras misiones institucionales como la representación social de la ciudadanía y la atención de problemas del medio ambiente o de los pueblos indígenas, asuntos que “prácticamente los tenemos como enunciados en la Constitución Nacional, pero que no se plasmaron en la realidad práctica”.
Señaló como un ejemplo de su afán de cambiar esa realidad y devolver al Ministerio Público su rol de representación social el reclamo que hizo recientemente al Ministerio de Obras Públicas por “los problemas de obstrucción al tráfico terrestre que crean las lomadas en rutas nacionales”.
Descentralizar a fiscales
Además, volvió a hacer énfasis en una cuestión a la que dio mucha atención durante el periodo de transición previo a su asunción: la necesidad de descentralizar y descomprimir la distribución de agentes fiscales para desplegarlos de forma más eficiente a lo largo y ancho del país.
Señaló como ejemplo el hecho de que el fiscal antiabigeato esté asentado en Asunción y no tenga presencia en las regiones rurales, donde se registra este flagelo. Su intención, explicó, es volver a asentar y arraigar a los fiscales adjuntos en sus respectivas circunscripciones.
“Teníamos fiscales itinerantes que no sabíamos dónde estaban; necesitamos más presencia del Estado en las regiones”, insistió.
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El jefe del Ministerio Público señaló que desde el sábado pasado se están tomando medidas para remediar esa situación, asentando a “cada adjunto en su zona”, comenzando por Paraguarí y siguiendo luego con Misiones, Pilar y Encarnación.
La siguiente etapa en ese proceso será mover fichas para lograr una “división equitativa del trabajo” en las unidades especializadas, agregó.
Explicó que hay funcionarios del Ministerio Público que son “inamovibles” por ley, por lo que el fiscal general solo puede rotarlos.
“Quiero un mejor control y que la rotación sea el mecanismo por el cual examinamos la eficacia de cada fiscal”, explicó, señalando que bajo su administración no habrá fiscales que dominen “una comarca” de forma permanente.
Presupuesto
El fiscal general hizo también hincapié en las limitaciones presupuestarias del Ministerio Público, en especial en torno a los recursos para construcción, indicando que la Fiscalía se manejó con contratos de alquiler para sedes que en algunos casos eran “inauditos”, señalando que “el 80 por ciento, cuando menos, son alquileres que ni siquiera son funcionales”.
La designación de cada agente a una circunscripción judicial, señaló, va acompañada del compromiso de dotarles de una sede que cuente con los elementos tecnológicos y científicos necesarios para que estos realicen sus trabajos, una meta de su administración cuya implementación será “gradual” y que requeriría de una ampliación presupuestaria para el Ministerio Público, indicó.
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Al respecto, dijo que aún no tiene una precisión sobre lo que reclamará en materia presupuestaria al Congreso Nacional, aunque afirmó que debería tener eso claro en el mes de abril.
Finalmente, reiteró su intención de promover la transparencia dentro del Ministerio Público, abriéndolo a los fiscalizadores de la Contraloría General de la República, que hasta ahora se ve imposibilitada de auditar a la Fiscalía y varios otros entes del Estado debido a acciones de inconstitucionalidad interpuestas por estos.
“Ninguna institución republicana debe estar ajena al control”, declaró. “Tengo que examinar el contenido de la acción de inconstitucionalidad. Una vez que tenga la opinión del asesor jurídico, probablemente la tenemos que retirar”, acotó.