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“Desangramiento a la institución” fue la expresión con la que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, calificó la gestión de su antecesora, Sandra Quiñónez, principalmente por las medidas tomadas en los últimos meses de su mandato, teniendo ya incluso conocimiento de quién sería su sucesor.
Concluida la conferencia de prensa, el nuevo fiscal general del Estado exhibió a los medios de prensa las planillas de los más de doscientos funcionarios que fueron contratados en el último mes de la gestión de Quiñónez.
A estos más de doscientos contratados se suma una lista de cincuenta y nueve asistentes fiscales que fueron nombrados sin concurso. Rolón destacó que estas medidas se habrían tomado incluso hasta 24 horas antes de que él asuma el cargo.
Además, Rolón señaló que están analizando con sus asesores la situación de los alquileres que tiene el Ministerio Público en las distintas ciudades donde posee sus sedes, ante la información de que, antes de irse, Quiñónez habría renovado contrato con los propietarios por otros cinco años.
Aún no dará a conocer los nombres de los funcionarios
Consultado sobre si existe la posibilidad de que la prensa acceda al listado de estos funcionarios que habrían sido contratados y nombrados en forma irregular, Rolón pidió algo de tiempo para verificar cada caso en particular, atendiendo a la posibilidad de que estos funcionarios demuestren algún tipo de error en la consideración preliminar.
“Hay que resguardar el espacio/tiempo para que esas eventualidades puedan ocurrir o no. Por de pronto, tenemos estas irregularidades que son factibles del ejercicio de algún remedio procesal mediante algunas peticiones en concreto, con demostraciones contrarias”, aseguró.
“Se trata de simplemente de que hoy todavía esta resolución por la cual se anuló unos ascensos y nombramientos tiene la posibilidad de recursos del particular”, subrayó.
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Sandra no respondió a pedido de transición coordinada
Consultado con respecto a si sabía acerca de estos movimientos antes de asumir el cargo, Rolón señaló que de manera oficial no se le comunicó nada. Dijo que Sandra Quiñónez no respondió a los públicos pedidos de transición coordinada, algo que consideró poco atinado de su parte.
Con respecto a las consecuencias de estos actos, señaló que podrían tener derivación en lo administrativo, como ya está sucediendo, aunque no descartó que tengan una connotación penal.
Aseguró, por último, que está aún “desempolvando, pero con el tiempo tendré mejor precisión”, volviendo a solicitar que se le otorgue el beneficio de los cien días” para empezar a sanear la casa.
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