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“La justicia que llega tarde no es justicia”. Esa frase fue acuñada por el propio Antonio Fretes el 27 de noviembre de 2001 y es la que podría definir claramente lo que pasó con todas las denuncias en su contra surgidas a lo largo de dos décadas.
Fretes deja hoy el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Asumió el 22 de noviembre de 2001 y se retira tras 21 años y cuatro meses.
A lo largo de dos décadas, consiguió construir una red vinculada a un sinfín de denuncias de irregularidades que nunca fueron investigadas.
Fretes prácticamente desapareció de la vida pública desde el pasado 17 de noviembre. Ese día, ABC Color publicó el contrato que firmó el 30 de setiembre de 2021 el abogado Amílcar Fretes –hijo de Antonio Fretes– con Sharif Kassem Hijazi (hijo del extraditado Kassem Mohamad Hijazi, y domiciliado en Foz de Yguazú) para buscar trabar su extradición a los Estados Unidos, donde era requerido por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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El hijo de Fretes cobró US$ 368.000 (unos 2.546 millones de guaraníes al cambio de la época) por la “prestación de servicios”, de parte del familiar del extraditado Kassem Mohamad Hijazi Las “partes” dejaron por escrito detalles del pago, la confidencialidad, la validez de 30 días hábiles y la garantía de que el dinero sería devuelto si no había una solución “de manera a satisfacer...”.
Este caso está en manos de la Fiscalía desde mayo del año pasado, sin avance alguno.
Hijo de Antonio Fretes prometió evitar extradición de Hijazi
El 30 de setiembre de 2021, el abogado Amílcar Fretes, hijo de Antonio Fretes, firmó con Sharif Kassem Hijazi (hijo del extraditado Kassem Mohamad Hijazi, y domiciliado en Foz de Yguazú) un contrato para buscar trabar su extradición a los Estados Unidos, donde era requerido por supuesto lavado de dinero.
Según el contrato, el hijo del ministro Fretes se obligaba a prestar asesoría legal “en un solo punto el cual es sobre la situación jurídica del señor Kassem Mohamad Hijazi para la obtención de una salida jurídica sobre la situación del mismo”.
Por acuerdo mutuo establecieron también que el contrato tendría una validez de 30 días hábiles, y que si no había una “solución de manera a satisfacer al mandante”, “se procederá al reintegro de lo entregado en concepto de honorarios profesionales, sin que eso implique ningún tipo de perjuicio a ambas partes”.
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Dejaron también por escrito que Hijazi entregaría poderes y todas las informaciones que necesitara Fretes para “cumplir con diligencia” los asuntos encomendados, que según admitió el propio abogado Amílcar Fretes a ABC Cardinal, era trabar la extradición de Hijazi a Estados Unidos.
En el penúltimo párrafo todos se comprometieron a guardar secreto sobre todos los conocimientos e informaciones.
Fiscalía encontró contrato y no actuó
El acuerdo se firmó el 30 de setiembre de 2021, nueve días después de que el juez José Agustín Delmás confirmara el proceso de extradición de Kassem Mohamad Hijazi. El 12 de octubre un Tribunal de Apelación especializado en crimen organizado confirmó el proceso de extradición.
El 10 de mayo de 2022, el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado; el 12 de mayo, tras una reunión en la Fiscalía General, salió una comitiva con destino a la Agrupación Especializada para requisar tres celdas, entre ellas, la de Kassem Mohamad Hijazi.
Tras el procedimiento se labró un acta y todos los equipos informáticos y celulares hallados fueron entregados –por acta– a Juana Jara Ochipinti, la asistente del fiscal Lorenzo Lezcano, quien administraba el operativo en la Agrupación.
Lezcano halló no solamente el acuerdo, sino además amedrentamientos –fotos incluidas– que se habrían estado haciendo desde el celular de Hijazi al hijo de Fretes, por incumplimiento del acuerdo.
Según varios testigos, él informó de esto al primer anillo del Ministerio Público dirigido hasta ayer por Sandra Quiñónez y no se dispuso la apertura de una carpeta fiscal
El 16 de junio del año pasado, la Sala Constitucional integrada por los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos Ojeda rechazó in límine la acción planteada para impedir la extradición.
Red de empresas del clan Fretes en diferentes rubros
Una red de empresas en diferentes rubros con capitales millonarios conectados al clan Fretes, cuyo referente es el ministro Antonio Fretes, también salieron a luz en los últimos noventa días. Se trata de negocios en los cuales aparecen como principales accionistas Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano (hijo de Fretes) y Lourdes González Gómez.
Asdrúbal Fretes era un modesto exfuncionario de la Fiscalía hasta el año 2016 y sus ingresos declarados no superaban los G. 9 millones. En tanto, Lourdes González empezó su historial laboral como ayudante de la panadería de su padre, ubicada en el barrio Ciudad Nueva de Asunción.
Lo sorprendente es que ambos, en cuestión de pocos años, se convirtieron en acaudalados empresarios aportando millones en diferentes compañías. Están en la inmobiliaria Río Salado SA, la casa de créditos Ahoraité SA, Patria SA de Seguros y Reaseguros, Tebicuary Campos & Hacienda, Monetare SA, Itacuá Bienes, Carsa, Juval, Negocios y Servicios SA, además de la participación en dos bancos de plaza, Continental y Río.
En Patria, Itacuá, banco Río, Carsa como también Negocios y Servicios SA, el clan Fretes tiene como principal socio a la firma MTA SA, representada por Óscar Diesel Junghanns, hermano del actual presidente del Poder Judicial, César Diesel Junghanns. Un punto llamativo es que las empresas del clan Fretes registraban movimientos de efectivo sin levantar alertas.
Hizo “desaparecer” millones en acciones
Antonio Fretes era el accionista mayoritario de la empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA. Tenía una participación de 86 acciones por G. 4.300 millones, según el acta de asamblea general extraordinaria del 7 de noviembre de 2018.
Fretes, sin embargo, entre los años 2019 y 2022, procedió a transferir todas esas acciones a su hijo Asdrúbral Fretes, según la constancia de beneficiario final del año 2022 emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales.
El ministro de la Corte realizó las transferencias coincidentemente y apenas entró en vigencia el Decreto Nº 9043/2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”. Esta normativa estableció reglas a los efectos de transparentar el régimen de las sociedades constituidas por acciones.
El 7 de noviembre de 2018, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano –hijo de Fretes– apenas tenía 16 acciones por G. 800 millones; Lourdes Beatriz González Gómez, 26 acciones por G. 1.300 millones; y Río Salado SA, representada por Mariam Perla Gómez de González (madre de Lourdes González, oriunda de Quiindy –feudo del exministro Fretes– y viuda de un panadero) 29 acciones por G. 1.450 millones.
Acumuló fortuna en inmuebles y vehículos
El clan Fretes, además de invertir millones en empresas, logró acumular una fortuna en vehículos y bienes inmuebles. En cuanto a propiedades, suman G. 32.981 millones, una cifra que corresponde solo a la sumatoria del valor fiscal de al menos 70 fincas halladas en forma parcial en el sistema del Servicio Nacional de Catastro (SNC).
Los datos revelan que este monto podría ser muchísimo mayor, atendiendo el precio real de los inmuebles.
La mayoría de las fincas, ubicadas en Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, Paraguarí, Pilar, Caacupé, Luque, Lambaré, Itauguá y San Lorenzo, figura a nombre de empresas en las cuales el hijo del ministro Fretes, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, y la abogada Lourdes Beatriz González Gómez son accionistas.
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Una de ellas es Negocios y Servicios SA, cuyo accionista es Río Salado SA (firma que también opera con la fachada de inmobiliaria y sus socios son Asdrúbal Fretes y Lourdes González).
Un punto sorprendente es que la mitad de las fincas a nombre de esta compañía tiene el antecedente de transferencia judicial, que quiere decir que provienen de algún remate o litigio judicial, que estuvo a cargo de la Sindicatura General de Quiebras, dependiente de la Corte Suprema de Justicia y que Fretes habría convertido en su feudo por muchos años.
Salpicado en intentos de negociados
El clan Fretes, cuyo referente es el saliente ministro Antonio Fretes, también aparece salpicado en varios intentos de negociados con el Estado. Uno de ellos es la venta al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por más de G. 60.000 millones de unas 5.000 hectáreas supuestamente ubicadas en el distrito de San Rafael del Paraná (Dpto. de Itapúa).
Según los antecedentes, este terreno existe en papeles; sin embargo, en la realidad está localizado sobre otras fincas de los distritos de Mayor Otaño e Iruña, que poseen títulos de propiedad con mensura judicial incluida, así como pago de impuestos en los respectivos municipios.
Lo más sorpresivo es que el origen del terreno se da a partir de una venta directa realizada por el quebrado Banco de Inversiones del Paraguay (Bipsa), cuya liquidación estuvo a cargo de la Sindicatura General de Quiebras, feudo de Fretes.
Mientras que como dueños finales aparecen Asdrúbal Fretes junto a sus socios Reinaldo Bazán, Claudio Vera Larroza. Estos supuestamente compraron de otro allegado: Gregorio Daniel Acosta Talavera.
Acosta Talavera es el mismo que ahora reclama al Estado paraguayo US$ 40 millones, más intereses, como indemnización por la tortura y asesinato de Joel Filártiga, sin siquiera ser pariente cercano.
Ministro saliente ocultó ahorros, caja de seguridad y ganado
El ministro saliente Antonio Fretes, al igual que su hijo Asdrúbal Fretes Valenzano, no consignaron en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR) varios de sus bienes. Esto quedó en evidencia tras verificación de documentos.
Con relación a Fretes, se encontró que no hizo constar en sus DD.JJ. G. 500 millones en Certificados de Depósito de Ahorros (CDA) en un banco de plaza, además de la caja de seguridad abierta en el año 2018 por la empresa Río Salado SA (cuyos accionistas son Asdrúbal Fretes y la abogada Lourdes Beatriz González Gómez) y del cual el ministro del Poder Judicial es el primer beneficiario.
Tampoco declaró ante el ente de control sus cabezas de ganado, además de sus acciones en las empresas Tebicuary Campos & Hacienda SA y la casa de préstamos Ahoraité SA.
Sorprendente incremento patrimonial de Fretes
Asdrúbal Fretes, por su parte, no declaró a la CGR su sorprendente crecimiento patrimonial con un exiguo salario como funcionario de la Fiscalía. Y es que el 3 de octubre de 2008 y con tan solo 24 años, adquirió 75 acciones por G. 750 millones en Tebicuary Campos & Hacienda.
Lo llamativo es que Asdrúbal Fretes, en ese mismo lapso, declaró al ente de control que su activo era de apenas G. 4.724.900.
Organizan acto simbólico
Un grupo de ciudadanos organiza para hoy un acto simbólico para “festejar” la salida del cuestionado Antonio Fretes. Denominan al evento “Fiesta del Águila (desplumada)” y tendrá lugar frente a la sede del Palacio de Justicia, a partir de las 10:00. Según los organizadores, la idea es participar con pancartas y otros distintivos para denunciar la rosca montada por el saliente miembro de la máxima instancia judicial del país. Asimismo, anunciaron que presentarán otra denuncia contra Fretes.