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Con 46 votos por el rechazo, 4 a favor, 19 abstenciones y 11 ausentes se rechazó el pedido de pérdida de investidura contra 31 diputados, 28 de ellos de la bancada colorada cartistas y tres liberales llanistas, y que al no ser tratado durante el receso parlamentario tuvo entrada hoy en la primera sesión ordinaria de Diputados del año.
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Aprovechando esto y a sabiendas de que se la nueva mayoría que tiene la bancada unificada de la ANR en Diputados (43), el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) pidió incluir el tema en una sesión extraordinaria y remitir el proyecto al archivo.
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La diputada proponente, Celeste Amarilla (PLRA) argumentó el pedido diciendo que basaba en la denuncia de Estados Unidos, que es un país serio y que es el que tiene las pruebas sobre estos presuntos sobornos. No obstante, afirmó que frente a ella, varios de sus colegas admitieron recibir dinero a cambio de votar ciertos proyectos.
“Muchos de ustedes me contaron a mi cuánto recibe cada uno y por qué ley. Muchos de ustedes me dijeron a mi: ‘Sos una ingenua si esto ya se arregló todo, si fulanito cobró tanto y fulanito pidió tanto. Estados Unidos me dio la razón y seguramente presentará sus pruebas en su momento”, afirmó Amarilla.
“Este es un secreto a voces acá. Todos saben. Quizá la que menos sabe soy yo, pero todos saben cuánto recibe cada uno porqué ley, cuánto piden, cuánto reciben. Yo ya conté esto antes y me valió una suspensión a mi”, agregó.
Reacción de Bachi a acusaciones de Celeste Amarilla
Bachi” Núñez rápidamente salió al paso y pidió “que se presenten las pruebas”, a la vez de cuestionar a la proponente, acusándola de ser ella la “coimera”.
El diputado Derlis Maidana (ANR, HC) también dijo que no existen pruebas concretas y que no se puede pedir la pérdida de investidura de legisladores por algo que haya molestado a Estados Unidos.
El anuncio por parte del Gobierno de Estados Unidos de ampliación de sanciones contra el expresidente Horacio Cartes y Hugo Velázquez, el gobierno norteamericano también denunció que “mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo”.
Abstención esperando que “nueva” Fiscalía investigue
Ante la falta de elementos contundentes para acusar a estos 31 colegas, la mayoría de los diputados optaron por abstenerse. Entre ellos, la diputada Kattya González (PEN) quiso argumentar su posición, y pudo hacerlo solo brevemente al votar, ya que no le dieron la palabra en el debate.
La misma sostuvo que creen que la forma correcta de plantear el tema es que la Fiscalía, ya a cargo de Emiliano Rolón, investigue decididamente el caso.
Por ello, aprobaron previamente como Cámara de Diputados un declaración en la cual se “insta al Ministerio Público a arbitrar todos los mecanismos que disponga a su alcance a los efectos de investigar, individualizar y procesar a los legisladores que hayan incurrido en hechos de soborno”.
En lo que refiere a legisladores, EE.UU. sostiene poseer pruebas de que Cartes, ya fuera de la presidencia “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre 5,000 y 50,000 dólares por cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”.
Los 31 diputados supuestamente sobornados
Los diputados para los que se planteaba la pérdida de investidura son los cartista: Raúl Latorre, Basilio Núñez, Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Avelino Dávalos, Blanca Vargas, Cristina Villalba, David Rivas, Derlis Maidana, Edwin Reimer, Esteban Samaniego, Justo Zacarías, Marlene Ocampos, Juan Carlos Galaverna Ortega, Néstor Ferrer, Pastor Soria, Del Pilar Medina, Roque Sarubi, Water Harms, Rocío Abed de Zacarías, Pedro Alliana, Guadalupe Aveiro, Rubén Balbuena, Ulises Quintana, Félix Fernando Ortellado, Luis Urbieta, Erico Galeano Rojas y Miguel Ángel del Puerto.
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El proyecto presentado por la diputada Celeste Amarilla (PLRA, efrainista) también incluyó a los liberales “carto-llanistas”, María de las Nieve López Rotela, Enrique Mineur y Édgar Ortiz, quienes también fueron salvados en la votación.
Los argumentos para el planteamiento de que estos legisladores sean expulsados es por haber tenido cuestionadas votaciones sobre temas de interés del cartismo, como por ejemplo, rechazar los reiterados pedidos de juicio político contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, al igual que por haber salvado al cuestionado ministro de Corte, Antonio Fretes, entre otros casos.