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Gustavo Penayo anunció que a cada uno de los querellados pedirá como mínimo G. 100 millones como resarcimiento por manchar su “buen nombre”. “Mínimo G. 100 millones voy a exigir vía juzgado a cada loco irresponsable que quiera ensuciar mi buen nombre para repartir entre los pobres de Caapucú”, escribió Penayo.
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La querella se está tramitando ante el juez penal Guillermo Ortega de la Circunscripción de Paraguarí.
“A varios nos amenazó con demandas, nos quiere amedrentar porque pedimos transparencia, pero sigue sin informar qué hizo de la plata de los contribuyentes”, dijo uno de los querellados que solicitó el anonimato.
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Penayo está afrontando un estudio especial de gestión de parte de la Contraloría General; si bien los ediles exigen que los auditores vayan hasta la sede municipal, el estudio se realiza de manera remota. Este procedimiento fue cuestionado por varios concejales y se sumaron también los miembros de la Contraloría Ciudadana de Caapucú, quienes elevaron una nota al contralor Camilo Benítez para que se haga de forma más rigurosa el estudio y de esa manera saber qué paso del dinero.
Además desde diciembre pasado hay un pedido del ministro del Interior, Federico González, para que los diputados traten la intervención municipal.