Cargando...
La Contraloría General de la República (CGR) hizo público el 15 de febrero pasado –luego de siete años– el informe final sobre la “histórica” auditoría a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Este organismo, de índole privada, recauda millones a través de las municipalidades cobrando G. 10.000 por la expedición, renovación y anulación de las licencias de conducir, además maneja recursos provenientes de las transferencias de bienes raíces y operaciones de créditos (hipotecas).
El ente de control detalló ocho observaciones contundentes sobre la administración de la ONG durante el ejercicio fiscal 2015, correspondiente a la presidencia de Ricardo Núñez (ANR, cartista), exintendente de Villa Hayes y hermano del diputado y aspirante a senador por el cartismo Basilio “Bachi” Núñez. Este último también fue titular de la Opaci y luego pasó a fungir de “asesor” de su hermano.
La CGR detectó otras irregularidades que tuvieron la comunicación correspondiente a las autoridades de la Opaci, pero no estaban dentro del alcance de la auditoría, según el documentación.
Entre las anomalías, están pagos a miembros de la Junta Directiva en concepto de gasto de representación sin contar con una evidencia de su asistencia, como planillas y actas de asamblea; pagos por honorarios profesionales entre el 01/01/2015 y 31/01/2015, sin constatar documentos de respaldo; pagos por becas otorgadas por la Opaci sin encontrarse la documentación correspondiente, así como pagos por servicios de carga de saldo de celulares, no relacionados a los fines y objetivos de la entidad. En ninguno de los casos se mencionan montos.
Lea más: CGR evidencia diferencias entre giros municipales y los registros de Opaci
Destino de dinero, sin rastros
El ente de control igualmente encontró que se otorgaron y utilizaron “pasajes y viáticos” como también “combustibles y lubricantes” sin una reglamentación aprobada, además se dieron aportes a entidades en concepto de donaciones y servicio social sin contar con las rendiciones de cuentas correspondientes.
Por otro lado, la CGR evidenció que los proveedores de la Opaci no se encontraban en las direcciones detalladas en el membrete de las facturas conforme a una verificación in situ.
G. 18.146 millones, sin transferir
La Contraloría General de la República (CGR) encontró que la Opaci no transfirió al 31 de diciembre de 2015 G. 18.146.642.997, correspondientes a recursos genuinos de las municipalidades, según se detallan en dos de las observaciones del informe final.
Uno de los fondos, por G. 17.217.673.075, es en concepto de transferencias de bienes raíces, mientras que el otro por G. 928.969.922 corresponde a las operaciones de créditos (hipotecas).
Lea más: Políticos convirtieron a la Opaci en una agencia de empleo particular
El ente de control señaló el incumplimiento de las normas de contabilidad, además de la contravención del artículo 169 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, así como el artículo 3 de la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”.
La Opaci, en su descargo, a cargo de la exintendenta de Ybycuí y extitular de ese organismo María Del Carmen Benítez, reconoció a la CGR que efectivamente ambos fondos son ingresos genuinos de las municipalidades. Sin embargo, dijo que son devueltos de forma compensatoria a las deudas de los municipios con la ONG.
El descargo de la entidad “sin fines de lucro” no logró levantar las observaciones de los auditores y todas fueron ratificadas.