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El concejal de la Municipalidad de Itá Juan Marcelo Abelardo Caballero Sanabria (ANR, Honor Colorado) fue detenido este miércoles en su negocio propio, una ferretería, en el marco de una intervención sobre un supuesto hecho punible de estafa.
La detención la realizó una comitiva fiscal-policial conformada por efectivos de la Comisaría 12ª Central y la agente fiscal Daysi Sánchez.
El allanamiento para la detención fue realizado en la ferretería Ferremar, ubicada sobre la calle Curupicayty esquina Presidente Franco del barrio San Blas de la ciudad de Itá, propiedad del concejal colorado cartista Juan Marcelo Abelardo Caballero Sanabria, de 27 años.
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Tenían orden judicial de allanamiento
El edil fue detenido por disposición de la fiscala Daysi Sánchez, en cumplimiento del mandamiento de allanamiento firmado por el juez penal de Garantías Nº 2 de San Lorenzo, doctor Gustavo Bóveda,
La detención se hace en el marco de la causa N° 119/2023 “Gustavo Avelino Galeano González y otros sobre estafa y otros”.
El detenido acompañó a la comitiva fiscal hasta la sede del Ministerio Público bajo custodia.
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La comitiva buscó además documentos que guarden relación con la causa.
Tras la detención, los intervinientes allanaron la Municipalidad de Itá, edificio al que fueron acompañados también por personal de Investigación de Delitos.
En la sede municipal fueron recibidos por el secretario general de la Intendencia, Orlando Alfredo Gauto López, en busca de documentos que guarden relación con la causa.
La fiscal Daysi Sánchez detalló en contacto con ABC Cardinal que durante el allanamiento incautaron varios documentos que podrían servirles para una investigación sobre estafa y producción de documentos no auténticos.
Además de la detención del concejal Marcelo Caballero, dictaron rebeldía contra Gustavo Galeano, su secretario, quien cuenta con frondosos antecedentes por estafa y producción de documentos no auténticos, y tiene orden de captura en otra unidad fiscal.
Embaucaron a ciudadano brasileño
La agente detalló que están investigando la supuesta recepción de dinero de un ciudadano brasileño, G. 160 millones, para supuestamente explotar la laguna con un parque. Además, hay una resolución que supuestamente firma el intendente para este cometido, pero, el Ministerio Público detectó que esta es falsa.
A simple vista, dijo la investigadora, la resolución aparenta ser falsa, aunque el documento deberá ser peritado.
El ciudadano brasileño Pedrozo DaSilva, quien denunció el caso, dijo que tiene filmaciones del momento en que entregó el dinero y todos los encuentros con el concejal Marcelo Caballero y con Gustavo Galeano. A este último, el concejal lo presenta como su supuesto secretario, según las grabaciones que tiene la Fiscalía.
A raíz de estas pruebas la Fiscalía inició diligencias, que llevaron a la detención del concejal.
La agente determinó que Galeano en realidad no es funcionario de la Municipalidad.
Pago se hizo en ferretería del concejal
En cuanto al fiscal, para hacer estas “negociaciones”, con el brasileño, este se presentaba como presidente de la Comisión de Eventos de la Junta Municipal.
De acuerdo a las pesquisas de la investigadora, el pago de los G. 160 millones se ejecutó en la Ferretería del concejal, y esta entrega se hizo en dos partes.
El único estafado en esta causa es el dueño de la empresa denominada CitiPark, propiedad del ciudadano brasileño Pedrozo Da Silva.
Citipark es una empresa dedicada a explotar el usufructo de plazas, lagunas etcétera, para instalar sus parques Según le prometieron al brasileño, él podría instalar su parque en la laguna de Itá.
Vino a instalarse y no pudo ingresar
Sin embargo, el día que el empresario vino con siete camiones como para ocupar el lugar, no le permiten ingresar a la ciudad. El concejal le explica que pasó algo, que tratarían de solucionarlo, y mientras tanto, se quedaron pasando las fiestas de Navidad y Año Nuevo esperando el supuesto ok de Caballero para ingresar a la ciudad con su parque.
Cuando no tuvo respuesta, tuvo que irse de emergencia a otra ciudad, para no perder dinero, porque tuvo un gasto de más de G. 60 millones mientras esperaba para poder instalarse.
La fiscala comentó que la Municipalidad les permitió ingresar sin inconvenientes a realizar el allanamiento.