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La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), actualmente presidida por el intendente Guarambaré Óscar Cabrera (colorado cartista), figura como una entidad “sin fines de lucro” de carácter privado. Sin embargo, maneja anualmente millones provenientes de la expedición, revalidación y anulación de las licencias de conducir a nivel país.
Igualmente, trabaja como intermediaria con los escribanos para el cobro de los impuestos por de las transferencias de bienes y operaciones de crédito (hipotecas). Para esto se vale de un convenio con el Colegio de Escribanos del Paraguay completamente desfazado atendiendo las facilidades tecnológicas y medios de pago en la actualidad.
Por este trámite, la Opaci cobra un porcentaje y asimismo se encarga de recaudar. En muchos casos retiene, los impuestos correspondientes a las más de 260 municipalidades de nuestro país.
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Lo llamativo es que pese a que su funcionamiento depende en forma exclusiva de recursos públicos ninguna dependencia estatal puede realizar verificación alguna.
La Opaci bajo el argumento de ser una Organización No Gubernamental (ONG) privada tampoco permite la verificación de la Contraloría General de la República (CGR).
Contribuyentes pagan más caro por causa de Opaci
Actualmente la mayoría de los contribuyentes que acude a realizar en estos meses sus trámites en las municipalidades, con respecto a las licencias de conducir, encontrará en sus comprobantes el pago obligatorio de G. 10.000 a la Opaci.
Este monto incluso supera ampliamente a los impuestos y tasas de cada comuna del país. Es decir, los contribuyentes municipales pagan más caro solo por sus registros debido a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).
Otros actuales miembros de la comisión directiva de la ONG son: Heriberto Chávez Ramírez (colorado cartista e intendente de San José de los Arroyos), Carolina Aranda (liberal llanista e intendenta de Mariano Roque Alonso) y Óscar Martín Giménez (colorado cartista e intendente de Teniente Irala Fernández, Presidente Hayes).
Casi G. 42.000 millones
ABC publicó años atrás que solo en el año 2015, la Opaci administró G. 41.900.476.244 del dinero público. Esto, según el balance entregado por la entidad sin fines de lucro a los intendentes socios.
Entonces, existían ingresos por al menos 18 conceptos y para todas se utilizaba a las municipalidades como su brazo recaudador. Del total ingresado ese año, más de G. 11.000 millones se destinaron a pagar sueldos, según los documentos.
La Opaci fue creada en 1964 como una oficina dependiente del Poder Ejecutivo para asociar a todas las municipalidades del país.
Su objetivo principal era actuar como vocero de inquietudes de comunas, además de buscar el mejoramiento de condiciones de las distintas localidades creando nuevas leyes.
La formación de la asociación fue mediante la Ley Orgánica Municipal N° 222 del 30 de julio de 1954, cuyo artículo 221 expresaba que la “Opaci es el organismo oficial de los municipios paraguayos. El Poder Ejecutivo someterá a su informe y juicio todos los asuntos, leyes o medidas por adoptarse que afecten a los municipios”.
Su continuidad se aseguró posteriormente con la inclusión del organismo en la nueva Ley Orgánica N° 1294/87 que derogaba a la anterior. Mediante la nueva normativa municipal, la Opaci continuó como un organismo oficial, pero se agregaron más artículos con respecto a su funcionamiento como una dependencia estatal de asociación de municipalidades.
En 1992, con la nueva Constitución Nacional, los intendentes utilizaron como excusa el artículo 42 de la Carta Magna de la “libertad de asociación” para convertir la dependencia estatal en una organización sin fines de lucro (ONG). Esto, se concretó en el año 1997 mediante la modificación de sus estatutos.
El clan Núñez manejó ONG por más de una década
El “Clan Núñez”, liderado por el diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez e integrado por sus hermanos Ricardo y Óscar “Ñoño” Núñez, estuvo al frente de la Opaci por más de una década y mediante una modificación en el año 2016 del estatuto de la Opaci pretendían seguir al mando. Sin embargo, tras una serie de denuncias sobre graves irregularidades en la entidad, Ricardo -entonces titular- se vio obligado a renunciar como presidente, aunque siguió hasta el año pasado como miembro.
Los hermanos Núñez desde su llegada al ente municipalista en el 2006, convirtieron el organismo en su principal botín político. Contrataron en forma masiva parientes, operadores, hurreros y hasta sus parejas sentimentales.
Tal es el caso de Nidia Lorena Cabrera, pareja sentimental de “Bachi” que estuvo en la entidad “sin fines de lucro” como secretaria por varios años. De allí salió para convertirse en terrateniente y política.
Siempre conectados
El diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez estuvo como titular de la ONG, entre 2006 y 2011, mientras que hermano de Ricardo estuvo entre 2011 y 2016.
Ricardo, apenas asumió ubicó a su hermano Bachi como asesor de la Junta Directiva de la Opaci con un salario aproximado de 18 millones de guaraníes, según los registros.
Ricardo también había ubicado a su entonces nuera, Claudine Esperanza Rojas Arévalos, como nueva directora ejecutiva. Rojas era la que figura en el gran negociado de la venta de la isla de cinco hectáreas, ubicada frente al barrio Remansito de Villa Hayes, el 30 de diciembre de 2012. Rojas Arévalos, según la transferencia, pagó G. 26 millones por el inmueble.
Sin embargo, cuatro meses después, el 25 de abril de 2013, Rojas Arévalos le transfiere la misma propiedad al empresario Juan Guillermo Talavera Gustale, pero por un valor mucho mayor: G. 536 millones.
Otro muy conectado a la Opaci es Hernán Jiménez, ex titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). Este ocupó por muchos años el cargo de asesor de la Dirección Ejecutiva.
El clan Núñez logró modificar el estatuto de la Opaci a su medida mediante el cambio del artículo 37. En ese articulado se incluyó que cuatro miembros de la comisión saliente pueden integrar la nueva directiva, esto, igual si no ocupan un cargo municipal.
Fue así que Ricardo Núñez permaneció como miembro de la Opaci hasta el año pasado. Incluso, fungía de representante de las municipalidades ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), pese a no ser intendente ni concejal municipal ni mucho menos funcionario comunal.
En el periodo de Ricardo Núñez también se intentó incrementar el cobro del “canon” por la expedición, renovación y anulación de las licencias de conducir a G. 20.000, pero no prosperó.
Un informe que “no vio la luz” hasta ahora
La Contraloría General de la República (CGR) había anunciado el 16 de febrero de 2016 su “histórico” ingreso en la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) para realizar una auditoría especial. Esto luego de las múltiples denuncias sobre los millonarios manejos de la entidad “sin fines de lucro”.
Lo llamativo es que pasaron casi siete años de ese momento y hasta ahora no hay un informe público sobre los hallazgos en la ONG por parte del ente de control.
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El diputado Esteban Samaniego (ANR, cartista), el año pasado durante la reunión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional consiguió la aprobación del proyecto “Que insta a la Contraloría General de la República a llevar adelante una auditoria especial a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci)”. Además, se aprobó el proyecto de resolución “Que pide informes a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci)”.
“El objetivo es que los intendentes y todos los compatriotas, en general, sepan a dónde van a parar los 45.000 millones de guaraníes que anualmente recauda y maneja la Opaci. La idea es transparentar todo”, justificaba entonces el legislador colorado.
Señalaba que por cada ciudadano, en el tema de los registros, habilitaciones y hasta por trámites de compra y venta de propiedades, la Opaci recauda mucho dinero.
“En los últimos seis años nunca informó el nombre de sus funcionarios y menos aún donde termina el dinero de los contribuyentes”, había expresado.