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“En el 2017, Cartes prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato en el 2018″.
Así refiere la grave acusación emitida el jueves 26 de enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. contra el expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes, quien es el líder de Honor Colorado que postula a Santiago Peña a la Presidencia en las elecciones del 30 de abril.
La administración de Joe Biden también impuso la sanción financiera al vicepresidente Hugo Velázquez. Cartes y Velázquez fueron declarados “significativamente corruptos” por el gobierno norteamericano el 22 de julio y 12 de agosto del 2022, respectivamente.
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El Gobierno de EE.UU. recuerda en su sanción financiera al exmandatario Cartes (2013-2018) el intento de su fallida reelección, pisoteando la Constitución Nacional, mediante una enmienda.
La situación estalló en la tarde del 31 de marzo del 2017 en la sesión “mau” del Senado; con el voto de 25 senadores (ver infografía), se aprobó la resolución por la cual se dictaminaron cambios en el reglamento interno de la Cámara Alta.
El trámite se realizó con miras a un proyecto de reelección presidencial vía enmienda de la Constitución, que beneficiaría a Cartes y al senador Fernando Lugo (Frente Guasu).
Las protestas contra la reelección de Cartes terminaron en el incendio del Congreso y el posterior atropello de la sede del Directorio del PLRA, que se tiñó de sangre con el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana a manos de un agente de la Policía Nacional el 1 de abril.
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En sesión mau, senadores violaron la Constitución
Entre el 28 al 31 de marzo del 2017, un grupo de 25 senadores cartistas, liberales llanistas y del Frente Guasú perpetraron una bochornas serie de atropellos a la Constitución Nacional y reglamentos de la Cámara Alta, con el fin de tratar de aprobar la enmienda “mau” que terminó protestas y el asesinato de joven dirigente liberal Rodrigo Quintana en la se del Partido Liberal Radical Auténtico.
Sin importar a qué costo, el 28 de marzo este grupo realizó su primer atropello, “sesionando” de manera ilegal en la bancada del Frente Guasú y usurpando de manera fraudulenta la presidencia de la Cámara Alta, que en ese entonces estaba liderada por el exsenador (ahora ya fallecido) Robert Acevedo (PLRA).
“Vení acá gordo, tavyrón (loco) y cobarde. Vendido, te voy a corregir”, le había gritado en aquella ocasión el actual presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, oficialista) al entonces senador Julio César Velázquez (ANR, HC), que fue el que usurpó la presidencia del Senado.
Sobre todo esa última acusación de “vendido” es la que ahora vuelve a resonar con fuerza tras la denuncia de la embajada de los Estados Unidos sobre supuesto ofrecimiento de hasta US$ 1 millón para aprobar la enmieda pro-reelección.
Entre los 25 que protagonizaron este intento de atropello a la Constitución, que fue frenado solamente gracias a la ciudadanía, también estaba la bancada del Frente Guasú, que supuestamente respaldó la iniciativa con la intención de que Fernando Lugo pueda volver a candidatarse a la presidencia.
El mismo argumento ensayaron los senadores llanistas, aunque su intento de justificación fue más burdo, ya que muchos de ellos fueron los artífices de la destitución de Lugo de la presidencia unos años atrás.
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El 28 de marzo se dio entrada al proyecto de enmienda ilegal, y dos días después (31 de marzo), con el mismo “modus operandi” de “sesionar” en la sala de la bancada del FG ya atropellando todo a su paso, aprobaron la enmienda irregular.
Esto fue lo que detonó las protestas que terminaron con la quema de la sede del Congreso y posteriormente, en el asesinato a manos de policías del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, durante una asalto a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La justicia terminó de ayudar a dejar impune estos atropellos, ya que años después la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad contra estas sesiones “mau”, alegando que no podía inmiscuirse en decisiones que atañen a otro poder.
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La Fiscalía por su parte se negó a investigar el cruce de llamadas entre Horacio Cartes y su cúpula política y policial, alegando que era “morbo” indagar estos datos claves.