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Durante la segunda sesión de la Comisión Permanente del Poder Legislativo se rechazó el proyecto “que insta al Poder Ejecutivo-Ministerio de Relaciones Exteriores a remitir al gobierno central de la República Federativa de Brasil el informe final ‘examen especial a la deuda de la Entidad Binacional Itaipú’, emitido por la Contraloría General de la República del Paraguay”, presentado por el senador Abel González (PLRA).
El rechazo fue unánime debido a que varios de los parlamentarios indicaron que sería entregarle información privilegiada al Brasil a meses de la renegociación del Anexo C.
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En ese tenor se expresaron los diputados Kattya González, Enrique Mineur y Édgar Acosta, quienes indicaron que sería mejor analizar el informe de la Contraloría General de la República e intentar sacar provecho a la hora de la renegociación del Anexo C. Indicaron que entregar documentos al Brasil es un despropósito y una total falta de táctica y estrategia diplomática paraguaya.
“Entregarle estos documentos ahora a Itamarati demuestra una vez más lo kelembú que somos como país, que no tenemos ni una mínima táctica para entrar a negociar el Anexo C”, dijo la diputada Kattya González (PEN).
Otro argumento, pero que también instó al rechazo del proyecto, usó la senadora Lilian Samaniego, quien dijo que el informe de la Contraloría no es un documento oficial, pues no se dio el tiempo a la Binacional para presentar el descargo ante los cuestionamientos, por lo cual remitir ese informe al Brasil a la larga podría ser contraproducente.
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¿Qué dice el informe de Contraloría sobre Itaipú?
El informe de Contraloría determinó que Brasil sobrecargó de manera presuntamente ilegal a nuestro país la deuda por la construcción de la Binacional, por cerca de US$ 3.629 millones.
Independientemente de este reclamo de Paraguay, la deuda de Itaipú terminará de ser pagada el próximo mes de febrero, lo que implicará la reducción de los costos de la producción de energía, a la par de que nuestro país debe exigir la renegociación del Anexo C para disponer de su energía excedente.
Dicho anexo es el que actualmente obliga a nuestro país a vender la energía no utilizada a precio irrisorio exclusivamente al Brasil, que históricamente sacó mayores beneficios de la hidroeléctrica.