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El Dictamen DNCP/DJ lleva el número 13.279/22, de fecha 30 de diciembre de 2022. El caso guarda relación con un llamado a licitación para el mantenimiento y reparación de instituciones educativas en el departamento de Itapúa “ad referéndum” plurianual.
El cuestionamiento es que el procedimiento está viciado de falencias administrativas, como la justificación insuficiente para un llamado de contrato abierto, falta de autorización del ministerio de educación, estudios de impacto ambiental, autorizaciones municipales.
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En el contexto de unas denuncias contra la administración Brunaga originadas en la Junta, entre ellas un proceso de licitación para la adquisición de medicamentos.
Este, fue rechazado por el cuerpo colegiado durante el 2022, el 3 de enero último la Comisión Permanente de la JDI presentó ante la DNCP un pedido de paralización de un total de 15 llamados a licitación realizados por el gobernador Brunaga, entre los cuales se encuentra el llamado para el mantenimiento y reparación de instituciones educativas en Itapúa.
Una de las razones del cuestionamiento es que no se especifican qué obras exactamente serán realizadas, según había puntualizado, en su momento, el concejal departamental Silvio Piris (ANR -Añetete).
Entre los 15 llamados a licitación cuya paralización fue solicitada, figuran la construcción de techo y pista de baldosones para una escuela de General Delgado; construcción de un polideportivo para la escuela Gaspar Rodríguez de Francia de Encarnación.
También la adquisición de equipos informáticos para la Gobernación; construcción de aulas de informática, sala de reuniones y dirección para el colegio San José, del distrito de Coronel Bogado; la construcción de empedrado en la localidad de Aguara-re, distrito de Coronel Bogado (el gobernador es oriundo de Coronel Bogado); refacción y hermoseamiento de la sede de la Gobernación de Itapúa y la plaza adyacente.
Respecto de la actuación de la Comisión Permanente, Brunaga había calificado de una mera intención de poner “palos en la rueda” a su gestión, y desestimó los cuestionamientos. “El proceso de los llamados están fundamentados técnica y jurídicamente, y los cuestionamientos son puramente mediáticos y políticos”, había afirmado el entonces gobernador.