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Por primera vez en su historia, el Partido Colorado tiene como presidente de la Junta de Gobierno a un declarado por los Estados Unidos como “significativamente corrupto”, Horacio Cartes, que pese a los señalamientos directos desde el exterior hasta ahora no ha sido molestado por la Fiscalía de nuestro país.
“La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los EE.UU.”, argumentó el Departamento de Estado del país del norte.
El señalamiento hacía alusión al caso Avión Venezolano - Iraní, en el que una aeronave de la empresa Emtrasur con tripulación vinculada a grupos terroristas arribó a nuestro país para llevar una carga de cigarrillos de Tabacalera del Este SA.
EE.UU. también hizo alusión al caso Darío Messer, ya que según sostienen: “Horacio Cartes utilizó la Presidencia del Paraguay para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio”.
En todos estos casos, también a nivel local se aportaron pruebas; sin embargo, los procesos fueron cajoneados por la Fiscalía, a cargo de Sandra Quiñónez.
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Venta de bonos y llamativo “salario” a Santi Peña
El presidenciable colorado y exministro de Hacienda de Horacio Cartes, Santiago Peña también fue salpicado por las operaciones en nuestro país de Darío Messer, ya que aún durante su gestión el “doleiro” adquirió bonos de Estado.
El ahora presidenciable siempre trató de deslindar responsabilidad, alegando que Hacienda no es la encarga de controlar a qué personas o empresas se venden los bonos del Estado; sin embargo, las compras se hicieron a través de Casa de Bolsa Puente, en la que en ese momento su padre, José María Peña, era uno de los directivos.
Messer, incluso, llegó a comprar estos bonos de manera directa a través de Banco Basa, parte del grupo empresarial de Cartes, así como realizó operaciones sospechosas a través de la entidad estatal Banco Nacional de Fomento (BNF), sin que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) lo molestase.
Por otra parte, durante las internas pasadas, también salieron a luz millonarios pagos por cerca de US$ 1,5 millones recibidos por Peña de parte de banco Basa.
Lejos de justificar en qué conceptos se daban estos pagos, el candidato respondió con una denuncia penal contra el asesor de la presidencia Mauricio Espínola por la filtración de dichos datos, ante lo cual la Fiscalía respondió inmediatamente.
Erico Galeano nunca aclaró nexo con “A Ultranza”
En el caso del diputado y actual candidato a senador por el Partido Colorado Erico Galeano (ANR, HC), pese a acumular una serie de indicios de sospechas de vinculación al operativo “A Ultranza PY” y poseer una causa abierta en Fiscalía, la investigación nunca avanzó.
Según los elementos que posee la Fiscalía, Galeano vendió una propiedad en la lujosa urbanización Aqua Village en Altos a Hugo González, ligado al clan Insfrán, todos relacionados con el operativo “A Ultranza PY”, el mayor desarrollado hasta la fecha contra una estructura encargada del lavado de dinero proveniente presuntamente del narcotráfico.
A esto hay que sumar que Erico accedió a millonarios préstamos de la Cooperativa Capiatá, que iba cancelando casi al instante, sin que esto genere Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Galeano además es hombre influyente en el Club Deportivo Capiatá, cuyo estadio lleva su nombre y donde llegó a militar como jugador el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de “A Ultranza PY”.
El senador Derlis Osorio (ANR, FR) incluso denunció ante Fiscalía que un emisario de Erico le pidió US$ 500.000 para ayudar a Marset cuando estaba detenido en Dubai. Todos esto está cajoneado en Fiscalía.
Bachi Núñez, el moroso que no declaró gastos
El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) es otro de los que ahora aspira a ir al Senado en el próximo periodo. Núñez forma parte de los cartistas que nunca fueron molestados por la Fiscalía, ni siquiera tras divulgarse que recibió millonarios préstamos de una de las cooperativas intervenidas tras “A Ultranza PY”, deuda que nunca honró.
Núñez accedió a un préstamo de G. 1.073 millones de la Cooperativa San Cristóbal, cuando aún era presidida por el ahora preso por “A Ultranza PY”, el exdiputado Juan Carlos Ozorio (ANR, FR), el cual nunca pagó.
Según informe del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), cuando se le requirió por moroso, Núñez exigió que no se lo moleste más ya que tenía un trato especial con Ozorio.
Dato también relevante es que Núñez no hizo figurar este préstamo en sus declaraciones juradas hasta dos años después.
A esto hay que sumarle que en el momento en que se realizaron estos llamativos movimientos financieros, estaba al frente de Incoop supuestamente para controlar a las cooperativas, uno de los hombres de confianza de Bachi, Félix Hernán Jiménez Castro.
Finalmente, Basilio Núñez fue uno de los que no presentó su Declaración Jurada de Gastos de Campaña en los pasados comicios.
Impunes por acta entreguista de Itaipú
Además de ser dos de los articuladores para el “abrazo republicano”, el vicepresidente de la República declarado “significativamente corrupto”, Hugo Velázquez (ANR, FR) y el extitular de Itaipú, José Alberto Alderete, comparten antecedentes por el conocido “acta entreguista”.
Ambos salieron ilesos del escándalo que casi le costó el juicio político a Mario Abdo Benítez y al propio Velázquez. Contra toda lógica, Alderete fue invitado a la ANR para exponer sobre el precio de la tarifa de energía 2023 y de la renegociación del Anexo C de Itaipú.
En el caso de Velázquez, así como la investigación por supuesta coima tras su declaración como “significativamente corrupto” por parte de los Estados Unidos, también quedó su vinculación con “Joselo” Rodríguez y el acta entreguista.
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Hay que recordar que “Joselo” era un abogado cercano a Velázquez, que supuestamente era nexo con una empresa brasileña, que realizaba lobby en nuestro país a favor del mencionado acta entreguista.
Este cuestionado acuerdo planteaba impedir que nuestro país utilice la energía excedente (más barata) hasta no utilizar la energía contratada, algo que era desventajoso para nuestro país sobre todo ante el hecho de que históricamente Brasil se aprovechó de la energía no utilizada por Paraguay, la cual compraba a precio irrisorio.
En este caso, la Fiscalía llegó a abrir una investigación penal, causa que fue asignada el ahora fallecido fiscal Marcelo Pecci. Pese a las primeras diligencias del fiscal, la causa ya no avanzó y sigue congelada hasta ahora.